El Gobierno baraja un plan B frente al rescate de las autopistas
Alarma entre concesionarias de autopistas, constructoras y bancos Restaría los anticipos de Fomento a la responsabilidad patrimonial del Estado
El Ministerio de Hacienda sigue expresando reticencias sobre el plan de rescate de las autopistas en quiebra diseñado por Fomento. Tanto que está dispuesto a armar un plan alternativo, según fuentes inmersas en el proceso, que implique la liquidación de las concesionarias al menor coste posible para el Estado.
La incógnita sobre la nacionalización de las nueve concesionarias ahogadas por la falta de tráfico reside en si constituye una ayuda de Estado y si la deuda que cuelga de ellas, de unos 4.000 millones, computaría como déficit público. El Ministerio de Ana Pastor trasladó estas dudas a la Comisión Europea en diciembre. La respuesta está por llegar y el departamento que dirige Cristóbal Montoro quiere cubrirse las espaldas ante un hipotético rechazo de Bruselas al rescate.
Las fuentes consultadas comentan que se optará por rebajar el montante de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que debe afrontar el Estado si las concesionarias entran en liquidación. Cada uno de los contratos de construcción y operación de las autopistas fija una cifra máxima, pero no definitiva. La suma de las RPA de las nueve concesiones alcanza un máximo de 4.800 millones de euros.
Hacienda defiende ante las concesionarias que a esa cifra debe restarse la amortización de los activos, los créditos participativos pagados por Fomento para que las empresas puedan pagar los sobrecostes por expropiaciones de suelo y el dinero aportado en cuentas de compensación para paliar una caída de tráfico provocada por la crisis y que no estaba contemplada por Fomento en los cálculos que trasladó a las empresas.
La cifra resultante por la que respondería el Gobierno en los procesos de liquidación, según cálculos preliminares, sería de unos 1.600 millones de euros.
Los riesgos del rescate
1. La nacionalización de autopistas supone imponer desde el Gobierno una solución a los jueces de los concursos de acreedores, además de un posible incumplimiento de los pliegos de los concursos.
2. Al Gobierno le preocupa que el rescate constituya una ayuda de Estado, prohibida por la UE.
3. La operación requiere la declaración de urgencia nacional para validar el Real Decreto de Nacionalización.
Un problema para la banca
Un tijeretazo drástico en la RPA tendría como gran perjudicada a la banca acreedora. Más de una treintena de entidades, encabezadas por Santander, BBVA, Bankia, La Caixa, Sabadell y Popular, financiaron las nueve autopistas que llaman a la puerta del rescate. Sus accionistas levantaron esos créditos poniendo la RPA como garantía. Hasta ahora los financiadores respiraban con tranquilidad a sabiendas de que, en última instancia, recuperarían sus préstamos con el pago de la Administración.
En el capital de las concesionarias figuran firmas como Sacyr, Ferrovial, Abertis, Isolux, ACS u OHL. Las autopistas por nacionalizar son la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), Henarsa (Radial 2), accesos de Madrid (Radiales 3 y 5), Autopista Madrid-Sur (Radial 4), Madrid-Levante (AP-36, Ocaña-La Roda), Aucosta (Cartagena-Vera), AP-41 (Madrid-Toledo) y Ciralsa (circunvalación de Alicante). Aún existen dudas sobre si entra o no entra en el paquete Ausur (Alicante-Cartagena). Su primer accionista, Ploder, trata de refinanciar con la banca y eludir el rescate. El plan de Fomento es quedarse un 80% del capital de la futura Empresa Nacional de Autopistas, por un 20% que se dejaría en manos de los accionistas.
El antecedente de las primas a las renovables
La Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), derecho de cobro que tienen los accionistas de las concesionarias de autopistas en caso de que vayan a liquidación, inquietó al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En una reunión desvelada por este periódico el pasado noviembre, la ministra de Fomento trasladó el plan de rescate a su superior y a los ministros de Hacienda y Economía. Y allí fue donde Rajoy preguntó por la factura que debía afrontar el Estado si no había nacionalización.
El hecho es que el fantasma de la liquidación está cada vez más cerca. Las concesionarias avanzan en sus concursos de acreedores y alguna, como la AP-36, está ya en puertas de presentar un convenio que difícilmente convencerá a la banca. De ir a la liquidación, sería el primer caso. Con una rebaja de la RPA, el Gobierno encararía una factura menor.
En este contexto, las fuentes consultadas ven inminente la entrada de este asunto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para su posterior paso por el Consejo de Ministros y formulación de un Decreto Ley que dejaría sentada la fórmula para calcular la RPA en cada una de las concesiones otorgadas por Fomento.
Entre los accionistas de las autopistas que entran en el plan de nacionalización se afirmaba ayer que “una reducción en el volumen de la RPA sería grave para los accionistas y para la banca, que no vería cubiertos los créditos aportados para la construcción de las carreteras”. Las fuentes consultadas recordaban que el caso sería semejante al de la supresión de las primas a las energías renovables a través de las distintas fases de la reforma energética para atajar el problema del déficit de tarifa.
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