Propuesta de Economics for Energy

Más impuestos verdes a cambio de reducir las cotizaciones sociales

Los expertos aseguran que se pueden ingresar 5.000 millones adicionales con la fiscalidad medioambiental

Piden poner orden en el entramado fiscal autonómica

Más impuestos verdes a cambio de reducir las cotizaciones sociales

España tiene margen de maniobra en fiscalidad medioambiental o verde, es decir, en impuestos que gravan industrias o consumos contaminantes. Esta es una opinión que aparece recurrentemente en los informes de la Comisión Europea y que también defiende Economics for Energy. Este centro de investigación apoyado por la Universidad de Comillas, de Vigo, la Fundación Ramón Areces o empresas como Inditex, Santander, Gas Natural o Acciona presentó ayer un informe en el que recomienda establecer nuevos impuestos medioambientales o elevar los vigentes.

Pueden sorprender propuestas en este sentido en un momento en que las empresas denuncian que el elevado coste energético daña su competitividad. Además, el año anterior, Hacienda ya aprobó una batería de impuestos medioambientales. Sin embargo, Economics for Energy sostiene que elevar los impuestos energéticos permitiría rebajar las cotizaciones sociales o evitaría el incremento de otros impuestos más distorsionadores.

El informe del centro de investigación propone cuatro recomendaciones que, individualmente, aportarían 5.000 millones adicionales. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y una parte menos agradable. La primera propuesta consiste en adelantar el incremento fiscal previsto en la directiva europea para 2018 para los productos energéticos. Actualmente, los tipos impositivos en España para la gasolina 95 y la electricidad ya superan el mínimo. Así, adoptar esta decisión supondría incrementar los tributos sobre el gasóleo A y el gas natural. Más dinero aportaría, señala el informe, que los tipos impositivos se elevaran hasta la media ponderada de países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. Esta decisión permitiría recaudar 5.283 millones adicionales, aunque elevaría el coste de la electricidad, el gas natural y, especialmente, la gasolina, cuyo precio aumentaría un 15,6%. Resulta improbable que el Ejecutivo adopte una medida tan drástica en un momento en el que se está recuperando el consumo de carburantes.

La segunda opción que ofrecen los expertos pasa por establecer nuevos impuestos sobre las emisiones de SO2 y NOx, “principales causantes de la lluvia ácida”. En una propuesta de máximos, Economics for Energy planea un tipo de 2.000 euros por tonelada, que permitiría recaudar 5.354 millones, una cifra superior a las consecuencias del incremento del IRPF que aprobó el Gobierno al inicio de la legislatura. Sin embargo, esta medida conllevaría un elevado incremento del precio de la electricidad –un bien de uso masivo– y, por lo tanto, su efecto sería “muy regresivo”.

El informe que este centro de investigación presentó ayer en la Fundación Ramón Areces será remitido al Gobierno y al comité de expertos elegido por Hacienda que presentará su propuesta a finales del mes de febrero. Si bien la fiscalidad medioambiental no será protagonista de la reforma fiscal que aprobará el Ejecutivo antes del verano, sí que está previsto que se modifiquen tributos energéticos. En este sentido, la posibilidad de elevar los impuestos especiales y medioambientales se encuentra encima de la mesa de Hacienda.

La tercera recomendación de los expertos pasa por ampliar el impuesto sobre emisiones de CO2 a los denominados sectores difusos (hogares y transporte) que actualmente no lo aplican. Esta medida elevaría el precio de los carburantes y reduciría el de la electricidad, lo que permitiría cierta progresividad. La última opción propuesta pasa por establecer impuestos ad hoc que costeen las energías renovables, en lugar de financiarlas con recargos en la tarifa eléctrica.

“Poner orden” en el entramado autonómico

Los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, defendieron ayer la necesidad de acotar el margen de actuación de las comunidades autónomas en la fiscalidad medioambiental. “Más que retirar competencias, recomendamos poner orden”, señaló Labandeira, que también es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo.

El informe destaca que buena parte de los impuestos creados por las comunidades autónomas están ligados al medio ambiente. Por ejemplo, se han fijado tributos sobre las emisiones a la atmósfera, sobre instalaciones y actividades que inciden en el medio ambiente o sobre los residuos energéticos. Algunas comunidades también han optado por cánones eólicos o fijar tasas sobre las bolsas de plástico. En este sentido, en los últimos años se han intensificado las diferencias fiscales en función de los territorios. Un ejemplo de ello es la parte autonómica del impuesto sobre hidrocarburos –el denominado céntimo sanitario– que provoca variaciones en el precio de la gasolina de un territorio a otro.

Así, por ejemplo, Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia aplican un tipo de impositivo de 4,8 céntimos por litro de gasolina, mientras que en Madrid se fijó un gravamen de 1,7 céntimos por libro y en otras comunidades como Aragón o La Rioja han rechazado establecer. El informe de Economics for Energy sostiene que la mayoría de tributos autonómicos tiene una finalidad meramente recaudatoria y la protección medioambiental desempeña un papel secundario. En este sentido, reclaman una mayor coordinación por parte del Gobierno central.

Normas