Sacyr seguirá trabajando en el Canal mientras la CE busca liquidez para la obra

La Comisión se atribuye el logro de una tregua que evita la suspensión de las obras

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ayer en Bruselas.Efe

Todos miran al BEI como posible rescatador del consorcio de constructoras que ejecuta el tercer juego de esclusas del canal de Panamá. El Gobierno español está intentando movilizar financiación internacional para permitir que el grupo liderado por Sacyr pueda concluir el proyecto, cuyo fin de obra está previsto en junio de 2015. La CE se ha puesto a la misma tarea, y ambos esperan la ayuda del banco público.

En todo caso, la constructora que preside Manuel Manrique, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, van a continuar con los trabajos pese al preaviso de paralización de las obras que se trasladó a la Autoridad del Canal de Panamá el 30 de diciembre. Las compañías daban hasta el 21 de enero para que la ACP inyectara fondos extraordinarios al proyecto a la vista de los sobrecostes acumulados y de los graves problemas de liquidez que soporta el consorcio. Las empresas han aportado ya 280 millones al margen de lo presupuestado. Ahora confian en que las negociaciones lleguen a buen puerto. Ayer, el consorcio urgía, en una nota remitida a la CNMV, a la cofinanciación con el Canal de los costes extra de la obra (100 millones de dólares al mes). En caso contrario, “las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes”.

A nivel europeo, los recursos podrían llegar del citado BEI, que ya concedió en 2009 un préstamo de 500 millones de dólares para una obra en la que también contribuyen instituciones como el Banco de Cooperación Internacional del Japón, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y la Corporación Andina de Fomento.

“Se está hablando con las autoridades financieras nacionales e internacionales”, confirmó ayer el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tras asistir a un consejo de ministros de la UE en Bruselas. Margallo se negó a facilitar detalles sobre esa negociación porque “la palabra es plata y el silencio es oro”. Pero reconoció que el objetivo es resolver “el problema urgente de liquidez” que atraviesa el consorcio de Sacyr. Y aplazó para más adelante, y con la intervención del arbitraje, la resolución del conflicto de fondo. Este gira en torno al sobrecoste en la ampliación del canal, que según las empresas asciende a 1.625 millones de dólares (50% del presupuesto de adjudicación en 2009).

La CE, que entró el domingo a mediar en el conflicto entre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Administración del Canal de Panamá (ACP), se ha atribuido como logro particular el hecho de que las obras no se paralicen, según reconoció el portavoz comunitario Olivier Bailly en rueda de prensa. Encima de este conflicto está el vicepresidente Antonio Tajani, quien entró de lleno a petición de los países europeos involucrados en las obras: España, Italia y Bélgica. La reacción inmediata de Panamá fue rechazar la mediación de Bruselas, tras lo que el ministro español de Exteriores matizó que la Comisión no pretendía sustituir a las instituciones de arbitraje contempladas en el contrato que firmó Sacyr.

La Comisión Europea también confirmó ayer que se buscará el apoyo del BEI, que puede facilitar préstamos con la garantía del presupuesto europeo, con una asunción de riesgo de pérdidas del 65%. En el período 2007-2013, el BEI disponía de 2.800 millones de euros para ese tipo de operaciones en Latinoamérica. El propio vicepresidente Tajani mantuvo ayer reuniones con autoridades panameñas. Las primeras impresiones indican que la firma de un pacto en torno a la aportación de liquidez a las obras podría irse a mediados de febrero.