La banca española prevé tener su oferta por Pescanova la próxima semana
Las principales entidades españolas acreedoras de Pescanova, el conocido como grupo G7 (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia Banco, Santander y BBVA), continúan con el tira y afloja en la negociación de una oferta para hacerse con el control de la compañía tras rechazar las otras dos propuestas que se han formulado hasta ahora: la de Damm y sus socios y la de los fondos Centerbridge y BlueCrest y algunos bancos extranjeros.
A pesar de las dificultades derivadas por la oposición de alguna gran entidad a inyectar más dinero en la multinacional gallega y abogar por la liquidación, y de las dudas mostradas por otras, se espera que la próxima semana la banca tenga perfilada una oferta, según fuentes próximas a las negociaciones.
Este viernes arranca la fase de convenio, que debería estar cerrado para mediados del próximo mes de marzo. De hecho, el administrador concursal, la consultora Deloitte, ha dado un ultimátum y ha amenazado con liquidar la compañía si no hay un acuerdo antes del próximo mes de febrero.
Apoyo del 51% de los deudores
Para evitar este desenlace, la banca española trabaja a contrarreloj. Primero deberá conseguir el consenso entre las entidades nacionales, que entre las siete agrupan algo más de 1.000 millones de euros de la deuda de Pescanova, en torno al 25% del total, y después intentar atraer el apoyo de los bancos extranjeros –algunos de ellos respaldan la propuesta de los fondos Centerbridge y BlueCrest– ya que el acuerdo requiere el respaldo del 51% de los deudores.
La deuda del grupo gallego ronda los 4.300 millones de euros, según las últimas cuentas reformuladas publicadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A falta de avanzar en los detalles, la oferta que diseña la banca española incluiría una quita de alrededor del 60% y la inyección de 250 millones de euros en dos fases.
La propuesta de la familia Carceller, propietaria de Damm, y sus socios –los fondos Luxempart, KKR y Ergon Capital– exige una quita por encima del 90%, si bien la pasada semana la cervecera catalana manifestó que estaba dispuesta a mejorarla, y la aportación de 250 millones de euros. Esta fue la opción que eligió el consejo de administración de Pescanova, controlado por la familia Damm desde el pasado mes de septiembre, como la más idónea al considerar que al tratarse de un socio industrial garantizaba el futuro de la compañía. Damm es el principal accionista de la pesquera con un 7,8% del capital, seguido por el expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, con algo más del 7%.
La presentada por Centerbridge y BlueCrest, los bancos HSBC, Deutsche Bank, Rabobank y UBI Banca y los bonistas reducen la quita de la deuda al 80% y elevan la inyección de fondos hasta los 300 millones de euros.
Aunque oficialmente el grupo de entidades G7 no se ha pronunciado al respecto, fuentes financieras aseguran que consideran que ambas propuestas son “inaceptables” con las actuales condiciones, por lo que han dado de plazo hasta el próximo lunes para que se modifiquen los términos.
Sousa volverá a declarar ante el juez Ruz, que deja fuera a NGC
Manuel Fernández Sousa, expresidente de Pescanova, tendrá que volver a declarar ante el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional. En un auto comunicado ayer, al que ha accedido este diario, sobre la ampliación de querella criminal presentada por Cartesian (con el 5% del grupo gallego), contra ocho consejeros de Novagalicia, además de contra Fernández Sousa y el ejecutivo de la compañía Joaquín Viña Tamargo, el juez, visto informe del Ministerio Fiscal, considera que no existen en las actuaciones “indicios de que [el banco] conociera la verdadera situación económica de Pescanova”. El magistrado admite a trámite parcialmente la querella solo respecto a Sousa y Viña por la presunta comisión de un delito de estafa. Fuentes cercanas a la defensa de Sousa señalaron que recurrirán el auto.