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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los límites de la presión fiscal al empleo

Casi todas las variables económicas dañadas por la crisis van encontrando vías de recomposición a medida que se reconduce la financiación de la economía, el crecimiento y, levísimamente, el empleo. Es cuestión de tiempo que alcancen unos niveles de recuperación aceptables, aunque en casos como la ocupación, la satisfacción plena tardará en llegar a la sociedad porque hay que recorrer un largo camino cuantitativamente y porque cualitativamente el nuevo trabajo se aleja de los estándares tradicionales de seguridad y precio. Y precisamente por ello, la financiación de la Seguridad Social aparece como el eslabón más débil de la cadena, puesto que el doble efecto sustitución que se produce entre los cotizantes y entre los pensionistas juega en contra del reforzamiento de las cuentas del sistema. Pese a que en los tres últimos años se han tomado con determinación decisiones para reforzar los pilares contributivos del sistema, un análisis en detalle de las variables sigue pidiendo nuevos refuerzos de medio plazo. Sin ellos, es complicado despejar las dudas sobre el futuro de las prestaciones de jubilación. Los gestores de las pensiones lo saben, y por ello siguen explorando todas las posibilidades que blinden los ingresos y aplaquen los gastos.

En el paquete de madidas laborales aprobadas el dia 20 de diciembre pasado había cambios en la normativa que trataban de atajar gastos y reforzar ingresos, y se suman a las subidas extraordinarias de las bases máximas de cotización, que por segundo año consecutivo, y no último, endurecen la exigencia a las aportaciones sin que ello tenga retornos ulteriores en las prestaciones: las cotizaciones suben un 5% y las prestaciones máximas, las que se fabrican con tales aportaciones, suben únicamente un 0,25% por la aplicación del nuevo mecanismo de revalorización.

Pero hay más. La Tesorería de la Seguridad Social quiere ampliar las bases de cotización no solo por la vía del crecimiento del empleo, sino por la incorporación como conceptos cotizables de todas aquellas partidas que ahora no se consideran como tales: vales de comida, seguros médicos, pluses de movilidad, aportaciones a planes de pensiones y otros pagos en especie. El 31 de marzo, como tope temporal, las empresas habrán debido incorporar tales conceptos en el montante sobre el que se aplican los tipos de cotización, lo que supondrá un sobrecoste para ellas y una ligera merma de suelto neto para los asalariados.

Cuantas medidas se tomen para solidificar las finanzas de la Seguridad Social son bienvenidas. Pero dados los elevados niveles de presión fiscal existentes sobre el factor trabajo, y que el propio Gobierno admite con un discurso que apuesta generalmente por bajadas de las cotizaciones, no estaría de más una reflexión sobre dónde está el umbral del dolor que causa más daño a la creación de empleo que beneficio al sistema de público pensiones.

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