Un problema a resolver

El contencioso desatado entre el consorcio liderado por Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), después de que el primero haya dado el preaviso de suspensión de las obras de ampliación del canal si el contratista no soluciona importantes sobrecostes –unos 1.190 millones de euros–, derivados, según las adjudicatarias, de incumplimientos por la sociedad panameña, es un serio problema que afecta al menos a cuatro países (en el consorcio también están la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA). Al Ejecutivo panameño le ha faltado tiempo para subir de nivel el conflicto hasta los Gobiernos, lo que puede explicarse por el calado de la obra. Por eso es acertada la rápida respuesta de la ministra de Fomento, Ana Pastor, con su viaje para buscar una solución con las autoridades de Panamá. Porque para resolver los problemas están las soluciones lejos de infructuosos enfrentamientos. Los contenciosos de las empresas españolas en el exterior, y muy especialmente en América Latina, han crecido por una razón muy sencilla: porque están allí. En esa aventura deben contar con todo el apoyo institucional, aunque sin olvidar que el problema es entre empresas, como ha admitido el presidente panameño, Ricardo Martinelli, tras su precipitada reacción inicial.