La Junta de Andalucía expropia una vivienda para evitar un desahucio
La familia tiene garantizada su permanencia en la casa hasta enero de 2017 Es la primera vez que la Junta toma posesión de una vivenda expropiada a una sociedad
La Junta de Andalucía ha tomado posesión de una vivienda de Huelva expropiada a una sociedad dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios para evitar el desahucio de la familia que reside en la misma, a la que se la ha cedido por tres años.
Según ha informado la Consejería de Fomento y Vivienda en un comunicado, hoy se ha firmado la primera acta oficial de ocupación de un inmueble embargado, en este caso una familia en riesgo de exclusión social integrada por María del Carmen Andújar, su marido, Manuel Luis Romero, y sus dos hijos menores de edad, que en caso de perder su casa se quedarían sin ninguna alternativa residencial.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya culminó en octubre la expropiación de esta vivienda a su entidad titular, la sociedad 'A y T Hipotecario Mixto III, Fondo de Titulización de Activos'.
Con el acta de ocupación firmada hoy, la familia tiene garantizada su permanencia en la vivienda hasta el 2 de enero de 2017, conforme a lo establecido en la Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, en vigor desde el 9 de octubre.
El Consejo de Gobierno ha culminado una segunda expropiación para evitar un desahucio en Torremolinos (Málaga) e igualmente ha publicado otros 37 expedientes de expropiación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y ultima 115 más en las ocho provincias.
El acta de ocupación está firmada por representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la entidad expropiada y la familia acogida a la Ley.
Este inmueble fue el primero sobre el que la Consejería que dirige Elena Cortés realizó el proceso de expropiación temporal del uso mediante la incoación del procedimiento y la declaración de interés social y necesidad de ocupación de la vivienda, una de las las fórmulas que recoge la Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda para evitar desahucios de familias en riesgo acreditado de exclusión social.
“Esta Ley ha demostrado su plena efectividad dando respuesta a un drama social urgente que reclama soluciones ya; Andalucía se ha dotado de un mecanismo ágil y eficaz que da poder a las familias frente a las agresiones del sistema financiero y que se concreta en soluciones útiles y rápidas”, ha destacado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha destacado el procedimiento “plenamente garantista” que han seguido todas las expropiaciones.
