Industria agudiza el recorte a las renovables hasta los 1.750 millones

La CNMC debe dictaminar la orden ministerial La hipoteca del déficit costará a los usuarios 2.687 millones

Paqrque eólico.

Fuera de plazo, el Ministerio de Industria remitió ayer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su dictamen, la propuesta de orden por la que se establecen los peajes eléctricos a partir del 1 de enero (como la norma requiere de un trámite de audiencia que durará varios días, se aprobará después con carácter retroactivo). Con una subida media del 1,9%, que en la tarifa de último recurso se traducirá en un aumento de algo menos del 1% (el 2,3% sumando el precio de la electricidad recién intervenido), el cuadro macro de la tarifa eléctrica deja ya patente el recorte de ingresos a las compañías que el Gobierno incluyó en su reforma eléctrica de julio.

 Muy especialmente a las empresas del sector de renovables y cogeneradoras, que verán mermados sus ingresos en 1.750 millones de euros, unos 250 millones más de los anunciados por el Gobierno. Así, en el apartado de primas del régimen especial, que este año se saldarán con 9.380 millones, en 2014 bajan a 7.630 millones de euros. Con la reforma desaparece el actual sistema de primas, que se sustituirá por una retribución basada en estándares de inversión y costes de operación con una cierta rentabilidad.

Este tajo supone, según fuentes empresariales, “el fin de muchas compañías del sector”, que están sumidas en una gran incertidumbre: el Gobierno no ha aprobado aún ni el real decreto que regula el nuevo mecanismo ni los estándares, por lo que no pueden cerrar sus cuentas anuales, ya que las primas que reciben desde julio son a cuenta.

Menor es el recorte de la distribución, que pasa de 4.904 millones en 2013 a 4.893 millones este año y, en el caso del transporte, que explota REE, no solo no caen los ingresos sino que aumentan en 68 millones, hasta 1.659,6 millones.

Industria prevé unos ingresos regulados de 14.961 millones de euros el próximo año:14.500 millones por facturación a los consumidores, que supone unos 30 millones más que este año, pues la variación de la demanda será nula (234.748 GWh). Y vuelve a ser optimista en cuanto a la recaudación de los tributos energéticos de los que espera obtener 2.907 millones y otros 450 millones por las subastas de CO2, cuando en 2013 ha tenido que ir revisando a la baja estas partidas, que han quedado en 2.350 millones y 326 millones, respectivamente.

En cuanto a los costes del sistema, estos pasan de los 20.792 millones de euros a 18.310 millones. No solo debido a los recortes a las renovables, sino a que en el presupuesto de la tarifa de 2013 el Gobierno reconoce un déficit de 3.595 millones de euros. En ellos figura la partida de los 1.826 millones de los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares, que el Ministerio de Hacienda no ha querido asumir. En la tarifa de 2014, figura la mitad de una partida, que baila año tras año entre los peajes eléctricos y los Presupuestos del Estado y viceversa.

Por la hipoteca del déficit de tarifa acumulado en más de una década, los casi 29 millones de consumidores, deberán pagar el próximo año 2.687 millones de euros, frente 2.424 millones de 2013.

En cuanto al coste por los servicios de interrumpibilidad, este año ha ascendido a 682 millones de euros y para 2014 quedará en 550 millones. El Gobierno ha cambiado también el mecanismo por el que la gran industria recibe una tarifa especial, que se otorgará a partir de ahora a través de subastas.

Los 16,16 millones de consumidores acogidos a la TUR (desde ahora precio voluntario al pequeño consumidor) tendrán una subida en los peajes del 1,6% de media, mientras que los pequeños que están en el mercado libre pagarán un 1% más. Al resto de usuarios en baja tensión, esta tarifa regulada le suben un 2,4% y a las gran industria en alta tensión, un 2,6%.

Las eléctricas reibirán un 2% de interés por financiar el déficit

Las cinco grandes compañías eléctricas deberán financiar el déficit de tarifa de 2013 a 15 años y un tipo de interés que, según la orden de peajes, será del 2%. Este tipo se aplica de forma provisional, en tanto “se desarrolle una metodología de cálculo definitivo”, según el texto remitido a la CNMC. Aunque las grandes de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Eon) están negociando con los ministerios de Economía, Hacienda e Industria, la cesión con el aval del Estado de una deuda reconocida para este año de, al menos, 3.600 millones, la orden de peajes no tiene en cuenta dichas negociaciones políticas y se limita a recoger lo que ya figura en la Ley Eléctrica.

Una novedad de la orden de peajes de acceso (ya no figura en ella el título “y tarifas del régimen especial”) es el reparto que establece para la financiación del bono social. Atendiendo a lo establecido en el RDL de medidas urgentes con el que se inauguró la reforma eléctrica, el coste de este bono (un descuento de cualquier subida de la luz de que disfrutan de momento tres millones de consumidores) corresponde a “las matrices de los grupos que desarrollen las actividades de producción, distribución y comercialización (o los verticalmente integrados). En dicho grupo, además de las grandes eléctricas, figura otra veintena de pequeñas empresas, si bien, el grueso de la financiación corresponde a las de Unesa:más del 95%.

Estas compañías ganaron en los tribunales el recurso que presentaron ante el Tribunal Supremo contra una obligación que se les impuso en 2009, año en que se creó el bono social. El ministerio ha considerado que, al incluir al resto de empresas (muchas de ellas cooperativas eléctricas)subsana así las deficiencias que el Supremo señalaba en su fallo.