Editorial

Por una reforma fiscal de fondo

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene una voluntad obsesiva en explicar las decisiones que adopta el Gobierno desde que llegó al poder, hace ahora dos años, utilizando unos datos que lentamente han comenzado a ponerse de su lado, tras la decisión firme de controlar las finanzas públicas y agitar los mercados de bienes, servicios y factores con reformas liberalizadoras. Esgrime que los mercados financieros, que son “ciegos, pero no tontos”, según su propio lenguaje, han apreciado el esfuerzo y España ha logrado voltear una de las balanzas por cuenta corriente más deficitarias a nivel mundial cuando empezó la crisis, y disponer de capacidad de financiación frente al resto del mundo dos años después de ser cuasi repudiada por sus elevados niveles de deuda pública y privada, y excesivamente dependiente del exterior.

Todo ello se ha logrado con un intenso proceso de devaluación interna de costes estimulada por las reformas, y en un dramático escenario de recesión, que ha tenido un coste social muy elevado en empleos y un sobreendeudamiento público para sanear sectores enteros varados por inmensas cantidades de deuda. La curva del crecimiento y del empleo comienza, eso sí, a flexionar y parece bastante evidente que 2014 será un año mejor que el anterior, algo que en una espiral endemoniada durante la crisis España no ha podido decir desde 2007.

Pero ni la velocidad de la recuperación ni el recorrido de la misma están tan certeramente escritos como cuando en el pasado las devaluaciones funcionaban como mano de santo. Por ello, algunos de los instrumentos más activos en la regeneración de la demanda de consumo e inversión del pasado, como las reformas fiscales, han perdido brillo. Cristóbal Montoro y su discurso explicita que el escenario ha cambiado y que España debe europeizarse también en materia impositiva.

No puede volver a reproducirse la estampa de 2009, cuando una caída vertical de la actividad inmobiliaria desnudó al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por la súbita pérdida de ingresos fiscales. No puede aflorar otra vez una realidad en la que España sea el país de la Unión Europea que menos recauda, en términos relativos, por IVA, por Sociedades o incluso por IRPF. Por ello, el Gobierno prepara ahora una completa y ambiciosa reforma fiscal, menos confiado que antaño en que una bajada de impuestos dispare las bases imponibles, y desde luego más convencido que nunca de que Hacienda precisa de mayores niveles de suficiencia fiscal que en el pasado.

La reforma fiscal estará muy condicionada por las circunstancias. Pero debe estimular el crecimiento, fortalecer la capitalización de la economía con un trato preferente del ahorro, ayudar a la recomposición demográfica de un país envejecido y apostar por el emprendimiento inversor.

 

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