El papel de la CNMC, Gobierno y empresas en la pugna
Torre de alta tensión
Torre de alta tensión REUTERS

Quién es quién en la batalla eléctrica

La tormenta eléctrica generada tras la invalidación de la subasta Cesur la semana pasada aún no está resuelta. Con incógnitas de calado aún por solucionar, estos son los protagonistas de la contienda:

CNMC: precios bajo lupa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) juega un papel determinante ya que incluso antes de invalidar la subasta, el organismo puso el foco en los precios eléctricos: desde el 11 de diciembre se sabía que investigaba, a instancias del Ministerio de Industria, “los movimientos inusuales en los precios mayoristas de la electricidad” en concreto “entre el 2 y el 9 de diciembre”. Además, ha sido la encargada de proponer al Gobierno dos fórmulas para fijar de forma transitoria el precio de la luz.

Soria: la cara del Gobierno

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha sido la cabeza visible del Gobierno en el proceso, que aún no ha acabado. Soria fue de los primeros que hizo públicas las sospechas de “manipulación en los precios eléctricos y también quien públicamente pidió una revisión del sistema de fijación de precios. También fue quien aludió al  "nuevo mecanismo" para calcular la tarifa eléctrica que refleje “las señales reales del mercado”. Se aprobará este viernes.

Eléctricas, en el foco

Representadas por la patronal Unesa, que incluye a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Eon, las grandes eléctricas se defienden y piden no ser “demonizadas”. El presidente de Unesa, Eduardo Montes, rechazó radicalmente la acusación de manipulación y atribuyó los altos precios del mercado mayorista en los días previos a la subasta a que “no había viento, que la demanda subió por el frío y a había alguna nuclear en revisión”. A la CNMC, Montes le ha exigido “transparencia”.

Hacienda interviene

Otro ministro involucrado (no directamente) en la batalla eléctrica ha sido Cristóbal Montoro, titular de Hacienda. Si el Ministerio de Industria se comprometía a sacar adelante una reforma (ahora atascada) que solucionara el déficit de tarifa, el de Hacienda frustró los planes.

Soria había anunciado que el alivio al déficit recaería sobre consumidores (subida de la luz), empresas (recortes a las retribuciones) y Estado, a través de una aportación presupuestaria extraordinaria. Pero a última hora, y mediante una enmienda en el Senado, se decidió que el Estado no pondría su parte (3.600 millones). Ya lo había advertido Montoro este verano: “Hasta que yo decida, esto no va hacia adelante, lo anuncie quien quiera”.

Negociación de las partes

Cuando arreció la tormenta eléctrica tras la subasta, Gobierno y eléctricas estaban enfrascados en otra negociación. Una vez suspendida la partida de 3.600 millones para atajar el déficit, el Ejecutivo ofreció a las eléctricas el aval del Estado para la financiación que tendrán que pedir para asumir el déficit de este año. Eso sí, el Ejecutivo exigió a cambio que las eléctricas retiraran los recursos ante el Tribunal Supremo contra la orden de peajes de agosto.

PP y PSOE: una nueva arma política

La guerra eléctrica tiene un claro cariz político. El mismo día de la subasta, el PP señaló a los socialistas como responsables del alza de la luz: “Tenemos que pagar la mala gestión del PSOE”. Por su parte, el partido de la oposición aseguraba que el Gobierno lanzó una maniobra de distracción ante su “enorme descrédito político”.

Consumidores: críticas

Desde las asociaciones de consumidores han arreciado las críticas. Facua calificó de “inadmisible” la subida y denunció en Bruselas el sistema, mientras la OCU pidió cambiar un mecanismo de precios “de naturaleza especulativa y que y está bajo sospecha”.

 

Normas