Soluciones definitivas contra la mora
El Gobierno ha habilitado un tercer mecanismo de pago a los proveedores para las Administraciones públicas con el fin de poner el contador a cero y tratar de aliviar un problema que en los últimos años se ha llevado por delante a cerca de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido en España. Los dos primeros modelos de pago que Hacienda aplicó en 2012 y 2013 lograron que las comunidades autónomas, el peor pagador público del país, abonase casi cuatro millones de facturas a 32.000 proveedores (pymes sobre todo) por importe de 18.643 millones de euros, mientras que los ayuntamientos abonaron dos millones de facturas por 10.000 millones a 115.000 proveedores.
Estos procedimientos abiertos, que han aliviado notablemente la situación financiera de miles de empresas en un momento en el que la contracción de la demanda ha golpeado las ventas en general y en el que la disponibilidad del crédito es muy limitada, no han servido para normalizar la situación. El avance estructural ha sido escaso: en 2012 la reducción del periodo medio de pago fue de un 13% en el sector público y de un 5% en el privado. Las Administraciones públicas retrasaron sus pagos casi cuatro veces por encima del límite de los 40 días establecidos para ese periodo (un total de 141 días), mientras que el sector privado pagó a 93 días, cuando la exigencia era de 75.
Aunque la normativa española es más flexible que la comunitaria (permitirá a las empresas retrasos de únicamente 60 días y a las Administraciones públicas de solo 30, cuando la Unión Europea señala 30 días en todos los casos) los avances en los periodos de pago siguen siendo muy modestos. Hacienda trata de compensar en parte los trastornos causados a las empresas de pequeño tamaño con un anticipo de las deudas de las Administraciones, imputándoselas después como descuento en los pagos a cuenta de la financiación autonómica o local. La iniciativa, al igual que el cambio en la liquidación del IVA para abonarlo solo cuando se cobra la factura, merece el beneficio de la duda, pero puede ser absorbida por empresas y Administraciones como un flujo reglado de recursos.
La norma tiene que establecer un sistema de sanciones para quien no respete los plazos, con una escala de endurecimiento para los reincidentes, y con el consiguiente cobro de los intereses de demora. Es notorio que el crédito bancario está muy dosificado; pero ni Administraciones ni empresas pueden convertir los flujos de liquidez con sus proveedores y clientes en un mecanismo de financiación asequible en cantidades y precios. Un país plenamente integrado en un sistema financiero y comercial como el europeo no puede mantener lagunas como esta, generadas por la crisis y por la irresponsabilidad de los gestores, muchos de ellos desde las Administraciones públicas.