El Gobierno tantea esquemas más flexibles para atraer la inversión extranjera
Interior de la Bolsa de Madrid
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La inversión colectiva se abre paso como alternativa de financiación

Los gestores piden vehículos más flexibles para concentrar riesgos

La nueva ley financiera que prepara el Gobierno se retrasará al menos a la primavera

Emprendido el difícil camino de la recuperación económica, el capital internacional ha comenzado a regresar a España y a apostar no solo por la inversión financiera sino, aunque de modo aún muy escaso, por la inversión productiva. La ausencia de financiación bancaria se confirma como el gran desafío de cara a 2014 y el gran termómetro en el que medir la solidez de la leve mejoría económica que comenzó en el tercer trimestre de este año.

Y es en este contexto en el que la industria de inversión colectiva –en especial en su versión más sofisticada y acaudalada, las Sicav y los fondos de inversión libre– surge como elemento a través del que intentar canalizar con eficacia la afluencia de la inversión hacia España y de avanzar en el lento proceso por el que la economía del país deberá reducir su dependencia del crédito bancario a la hora de obtener financiación. 

A pesar de los mensajes del Gobierno y la banca en los que se empieza a detectar un tímido repunte de la demanda solvente de crédito, que podría mejorar en los próximos meses, el sector reconoce de puertas adentro que la concesión de crédito no volverá a ser lo que era y que el grifo de la financiación bancaria continuará cerrado largo tiempo, en espera de completar la reducción de balance y de que solidifique la recuperación económica.

Los ‘hedge funds’ y el capital riesgo han comenzado a ser una alternativa de financiación, pero la aspiración del Gobierno, canalizada a través de la CNMV, es que encuentren el marco propicio para consolidar su apuesta por España, tanto en sus activos como en la industria de inversión. “Hay diposición para revisar ciertos esquemas de la inversión colectiva”, señalan fuentes del sector. El objetivo es potenciar ciertas figuras de inversión colectiva para que las grandes fortunas apuesten por la contratación de vehículos domiciliados en España y no en Luxemburgo o en Irlanda, y que además permitan una asignación de activos más flexible que la actual, con menos limitaciones en la concentración de riesgos, que faciliten la inversión en activos no cotizados y su uso como canalizadores de financiación privada. 

“Todo el esfuerzo va encaminado a homologar las herramientas disponibles con el resto de hub financieros, como Luxemburgo o Irlanda”, señala Juan Luís García Alejo, director general de Inversis Gestión. Jorge Rioperez, socio de Corporate Finance de KPMG en España, añade que “hay una enorme implicación por parte de los reguladores para dar solución al problema de la financiación”. En este sentido, una de las fórmulas es el fomento de los fondos de inversión libre, los conocidos hedge funds, para que tomen un papel de financiación más activo, al modo del private equity. “Ahora no tienen una estructura que facilite esa función ya que están muy enfocados a la inversión en activos financieros”, explican fuentes jurídicas.

Las limitaciones en la concentración de riesgos son otro de los puntos en los que hay diferencias respecto a otras figuras de inversión muy presentes en Luxemburgo, como las SIF, que permiten concentrar hasta el 30% de la cartera en un único activo. En las Sicav españolas esa limitación está en el 10%, un límite que sería necesario ampliar para atraer en mayor medida la inversión institucional, en especial hacia la deuda corporativa, la alternativa al crédito bancario más plausible para la financiación de las empresas.

Las SIF luxemburguesas

Las denominadas SIF luxemburguesas (Special Investments Funds) son otra de las alternativas con las que abrir el abanico de productos ya que, además de ampliar los límites de concentración de riesgos, permiten invertir en activos no cotizados. En definitiva, se trata de dar un paso más en unas estructuras que, hoy por hoy, se concentran en especial en las Sicav, que requieren un número mínimo de accionistas de cien, frente a los tres accionistas que requieren las Sicav que se constituyen en Luxemburgo.

La activación de nuevas fórmulas alternativas para la financiación empresarial es de hecho el objetivo que persigue la reforma de la ley financiera que prepara el Gobierno, aún en fase muy preliminar a pesar de que el plan inicial era tenerla completada este año.

El constante debate sobre la fiscalidad

La búsqueda de nuevas alternativas de inversión con las que incentivar la financiación privada a las empresas españolas se encuentra de forma inevitable con el problema de la fiscalidad: cómo ofrecer a los inversores internacionales vehículos atractivos y evitar al tiempo una tributación propia de un paraíso fiscal. O al menos sospechosa de serlo. Ahí es donde surgen las mayores diferencias entre la oferta en productos de inversión sofisticados de España y de mercados como Luxemburgo o Irlanda, cuyos innegables beneficios fiscales los convierten en los favoritos de la banca privada.
Este sector reclama en España una fiscalidad para las Sicav aún más favorable. No solo que se reduzca su número mínimo de accionistas sino que se rebaje su gravamen. Estos vehículos tienen la consideración fiscal de los fondos y tributan por tan solo el 1% del beneficio. Eso sí, los partícipes deben tributar por sus plusvalías según lo establecido en el IRPF en el momento que recogen las ganancias.
A pesar de las presiones, el Ministerio de Hacienda no tiene intención de favorecer ni modificar la fiscalidad de las Sicav, que está previsto en cualquier caso que continúen bajo la supervisión de la CNMV y no de la Agencia Tributaria.
Los próximos cambios fiscales estarían en cambio encaminados a incentivar el ahorro a medio y largo plazo, en definitiva, los planes de pensiones privados, que llevan largo tiempo reclamando una tributación más favorable para las prestaciones.

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