Hacienda quiere rescatar a los 314 municipios que siguen con problemas
De los 402 municipios que continúan con graves dificultades financieras, solo 88 han pedido el auxilio del Estado Los consistorios que lo deseen pueden solicitar ayuda antes del 2 de enero
Es el mundo al revés. Es Hacienda y no los ayuntamientos que todavía atraviesan por una situación presupuestaria delicada quien está empeñada en ofrecerles ayuda a un total de 314 municipios que estando quebrados aún no han levantado la mano para pedir auxilio. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y su equipo comparecieron esta mañana ante los medios de comunicación para explicar este aparente contrasentido.
La situación es la siguiente. En España, de los 8.117 ayuntamientos que existen, más de 5.200 se encuentran en superávit, el último declarado con un excedente de casi 1.000 millones es el de Madrid. El resto, como es lógico, está en equilibrio o tiene déficit y de todos ellos, solo 402 atraviesan por una situación financiera delicada o muy grave. Se trata de corporaciones que o bien mantienen elevadas deudas con acreedores públicos (sobre todo Hacienda y la Seguridad Social), o no pagan a sus proveedores, o mantienen remanentes negativos de tesorería para gastos generales.
Los municipios catalogados por Hacienda como entidades cuya situación financiera es muy grave son los que presentan dos de estas situaciones y también los hay que hacen pleno. Apenas suponen el 5% del total y los representantes de Administraciones Públicas reconocen que, salvo algunas excepciones procedentes de corporaciones grandes como Jerez de la Frontera, no se trata de cantidades económicas elevadas, pero lo cierto es que para esos municipios es un auténtico drama no poder pagar ni siquiera los gastos relativos a su funcionamiento ordinario.
Férreo control
De esos 402 ayuntamientos con problemas, solo 88 han solicitado la ayuda, por lo que restan 314 consistorios que o bien no se habían enterado de que existía este mecanismo, o bien consideraban que los controles a los que iban a ser sujetos una vez fueran rescatados son de tal magnitud, que no merece la pena.
Beteta y la secretaria general de Administraciones Públicas, Rosana Navarro, coincidieron al unísono:“no es verdad que no compense. Pero sí es cierto que si les ayudamos a recomponer sus finanzas, ellos tendrán que hacer algo a cambio”. Ese “algo” consiste en procurar un incremento de los ingresos vía subida de los impuestos y la irremediable reducción de los gastos.
¿Cómo les va a ayudar la Administración central? El catálogo es muy amplio. Como son municipios en déficit y con un fuerte nivel de endeudamiento, tienen retenida en Hacienda una parte de su participación en los ingresos del Estado, la famosa PIE. Pues bien, Hacienda les ofrece reducir el porcentaje de retención que se esté aplicando para compensar las deudas que mantengan por ejemplo con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. El Gobierno central, en los casos más graves, está incluso dispuesto a suspender toda la retención en un año, con lo que ganan un gran balón de oxígeno en forma de más liquidez.
Además, podrán recibir anticipos por un periodo superior al ejercicio, a devolver en un máximo de tres años. Esto consiste en que Hacienda les pagaría de golpe toda la cantidad que les corresponde relativa a 2014, cantidad que después devolverían con un precio equivalente al tipo de interés legal (del 4%) a partir del segundo año. Asimismo, los reintegros que aún adeudan a Hacienda muchos municipios correspondientes a las liquidaciones definitivas de 2008 y 2009 podrían prorrogarse hasta un máximo de 96 meses.
También está previsto permitirles que créditos a corto plazo que tienen contraídos con la banca puedan refinanciarlos a largo plazo, de manera que alivian los pagos que deben realizan mes a mes. A cambio, deberán incrementar sus ingresos en muchos casos aumentando los impuestos municipales, así como las tasas y precios públicos. Y deberán reducir sus gastos. En definitiva, tendrán que aprender a presupuestar bien “y si no se ven capaces de hacerlo, les enseñaremos nosotros cómo deben realizar sus cuentas”, admite Navarro.
Obviamente, esa liquidez extra que reciban irá a parar a una cuenta bancaria restringida en la que deberán quedar reflejados todos los ingresos de la corporación y cada vez que el municipio saque dinero, deberá justificar en qué lo va a gastar y recibir el visto bueno de Hacienda. “De lo contrario, quienes decidan seguir sin la ayuda del Estado, se enfrentan a la obligatoriedad de presentar un plan económico-financiero muy duro que si incumplen, serán sancionados. Y, por supuesto, deberán refinanciarse con la banca sin nuestro aval”, explicaron desde Administraciones Públicas. Así, esos 314 ayuntamientos quebrados tienen hasta el 2 de enero para adherirse al plan de ayuda. “¿Lo harán? Alguno dirá no, si lo sé yo”, dijo Beteta.