El Ecofin avanza hacia un fondo de reestructuración bancaria en dos fases
Las negociaciones para crear el llamado Mecanismo Único de Resolución Bancaria (MUR) entraron ayer en la recta final. Pero una recta plagada de trampas y obstáculos que requerirá, al menos, una nueva reunión del Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE) la próxima semana.
"No tenemos un acuerdo definitivo (...) pero hemos dado un salto enorme para lograrlo", señaló el ministro lituano de Economía y presidente semestral del Ecofin, Rimantas Sadzius, al término de la reunión.
El comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, también pidió paciencia "porque se trata de textos muy complejos y es normal que necesitemos reuniones adicionales".
Los puntos de desencuentro siguen girando en torno al ritmo en la creación del futuro mecanismo, aunque finalmente parece claro que se establecerá en dos fases, como exige Alemania. Ayer, los cinco países grandes (Alemania, Francia, Italia, España y Holanda) alcanzaron ya un principio de acuerdo, pero el resto del Ecofin no lo suscribió.
Durante la primera fase, que podría arrancar en 2015 o 2016, el mecanismo sería poco más que un fondo compartimentado por países, en el que la reestructuración de una entidad en dificultades correría a cargo del sector financiero de su país de origen o de su Estado si necesitara dinero público.
Esa solución se aleja de la propuesta de la Comisión Europea, que planteó la creación de un fondo común, para garantizar que todas las entidades eran socorridas en igualdad de condiciones, con independencia de su país de origen.
Alemania, sin embargo, supeditaba esa mutualización de los rescates o segunda fase a una reforma del Tratado de la UE, sin fecha prevista. Finalmente, se hará mediante la negociación de un nuevo Tratado, como ya se hizo para la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo de rescate de la zona euro.
Esa solución margina por completo a la Comisión Europea, y el comisario Barnier no ocultó su malestar, aunque dijo aceptarla "en aras de un compromiso que mejora la situación actual".
La negociación de ese Tratado augura serios problemas, empezando por el Parlamento Europeo, como apuntó Barnier. "El Parlamento, como es natural, siempre prefiere soluciones europeas y tal vez no le satisfaga esta propuesta, como tampoco le satisface a la Comisión", señaló el francés.
El nuevo Tratado serviría de base para una mutualización progresiva de los fondos nacionales. Pero de forma limitada y con un periodo de transición de al menos 10 años, es decir, hasta 2025 o 2026.
Como último cortafuegos durante el periodo de transición se apunta al Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo de rescate. Una fórmula que, sin recapitalización directa (todavía no aprobada), solo resolvería en parte el problema, porque el préstamo iría a cargo del Estado, con el consiguiente lastre para sus finanzas.
Última palabra
También continúa la discusión sobre la autoridad encargada de ordenar la reestructuración o liquidación de un banco. La Comisión deseaba asumir ese papel, pero Berlín no lo ha aceptado y prefiere una intervención directa o indirecta de las capitales. El compromiso apunta a una solución mixta, con las decisiones que no impliquen utilización de recursos públicos a cargo de Bruselas y el resto, sometidas a la aprobación de los Estados miembros. Y Berlín quiere que en esa validación el voto de cada país pese en función de su envergadura económica. Un objetivo que podría consagrar en el nuevo Tratado.
La negociación de ayer concluyó hacia las 11.30 de la noche. En algún momento, los 28 países se dividían entre los partidarios de rematar las negociaciones o continuar la semana que viene. “Creo que vamos alcanzar un acuerdo político”, señaló al comienzo de la reunión el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero ya indicaba que probablemente sería necesaria otra reunión. En el mismo sentido se expresó el ministro francés, Pierre Moscovici. Y el pronóstico de ambos se cumplió.
Esa nueva cita será inevitable. Primero, porque parte del Ecofin todavía no está de acuerdo ni siquiera sobre el principio de acuerdo y no cabe descartar que países como Reino Unido y Suecia, que no pertenecen a la zona euro, planteen serias objeciones la semana que viene.
Y segundo, porque el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, está en funciones.
La semana que viene está prevista la investidura de Angela Merkel como canciller (si los afiliados del SPD dan el visto bueno al Gobierno de coalición entre conservadores y socialistas). Y solo entonces el ministro de Finanzas, que previsiblemente seguirá siendo Schäuble, podrá acudir a Bruselas en pleno ejercicio de sus funciones.
55.000 millones a cargo de los bancos
El fondo europeo de reestructuración bancaria aspiraba a contar con 55.000 millones de euros, según el proyecto inicial de la Comisión Europea, aportados por las entidades europeas a un ritmo anual de unos 5.500 millones de euros.
El acuerdo alcanzado anoche por Alemania, Francia, Italia, España y Holanda prevé, in embargo, que el fondo estará compartimentado por países, de modo que no habrá una hucha común hasta 2025.
Bruselas defendía el fondo único para aprovechar la sinergia que supondría la acumulación de todas las cuotas aportadas por las 6.000 entidades financieras que operan en Europa. Pero las objeciones de Berlín, que anoche se impusieron, han impedido esa fórmula.
Por un lado, Alemania quiere restringir el fondo a las aportaciones de los 128 bancos sometidos a la supervisión centralizada del Banco Central Europeo.
Y por otro, las aportaciones de cada entidad irán destinadas a la hucha de su propio país, lo que dejará en desventaja a las entidades de países con huchas más pequeñas.
De hecho, según los cálculos de la CE, el 40% de las aportaciones corresponderán a las 17 mayores entidades del continente, domiciliadas casi todas en los cinco países que anoche lograron pactar. El resto de fondos nacionales contará con menos recursos y sin posibilidad de un trasvase automático desde una hucha común que, en todo caso, tardaría 10 años en alcanzar todo su potencial. O 14 años, según la CE, si se produce alguna crisis bancaria entre 2015 y 2025.