El Banco de España, el INE y la IGAE verificarán las cuentas autonómicas

Eurostat pidió al Ejecutivo una mayor coordinación en la elaboración de la contabilidad pública Los técnicos europeos han visitado seis veces en dos años a España

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.REUTERS

El INE, el Banco de España y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) son los tres organismos encargados, cada uno en su parcela, de elaborar las cuentas que España remite a Bruselas. Para mejorar la coordinación y la calidad de las cifras recabadas, el Ejecutivo ha aprobado la puesta en marcha de un Comité Técnico de Cuentas Nacionales que aglutinará a representantes de estas tres instituciones. Este nuevo ente se incluyó a través de una enmienda a la ley aprobada la semana pasada que estableció la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Además de elaborar las cuentas autonómicas, el Comité Técnico efectuará “actuaciones directamente encaminadas a la verificación y contraste de la información suministrada” por las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Fuentes de Hacienda desvinculan la creación de este órgano de las críticas realizadas por los técnicos de Eurostat, que detectaron fallos en la elaboración de la información y reclamaron una mayor coordinación entre el INE, el Banco de España y la IGAE. De hecho, el Ejecutivo asegura que, de manera informal, ya existía un comité técnico formado por estas tres instituciones.

En cualquier caso, fuentes de Hacienda reconocen que el comité técnico sí que debería servir para dar respuesta a las incertidumbres mostradas por los técnicos de Eurostat que, en los dos últimos años, han visitado seis veces España. Y, a pesar de las críticas vertidas en distintos informes, Hacienda recuerda que no se ha producido ninguna “visita metodológica”, que se fija cuando existen riesgos graves en las estadísticas nacionales. El objetivo es que, de alguna forma, el Comité Técnico actúe en el ámbito interno de forma similar a como lo hace Eurostat con los Estados miembros. Es decir, con una comunicación fluida y visitas periódicas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que las cuentas nacionales reflejen la situación real de las finanzas. El funcionamiento del Comité Técnico se aprobará mediante un reglamento de próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por otra parte, la Ley de Control de la Deuda Comercial Pública aprobada el jueves incluye una disposición adicional que estipula que “en las entidades de las Administraciones Públicas no sujetas a auditoría de cuentas se efectuarán anualmente los trabajos de control precisos para, mediante técnicas de auditoría, verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido imputación presupuestaria”. Las comunidades ya aceptaron esta medida, que ahora se incluye en una ley votada por el Congreso, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por otra parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló el viernes que la ley de control de la deuda servirá para acabar con “la lacra de la morosidad”. Durante una conferencia en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Beteta señaló que otra iniciativa legislativa como la factura electrónica también contribuirá a reducir los plazos de pago. Además, a partir de ahora, todas las facturas de la Administración se remitirán en primer lugar a la oficina de contabilidad.

Beteta lamentó que algunas comunidades autónomas como Madrid hubieran rechazado acudir a los mecanismos de financiación como el FLAaprobados por el Gobierno. El consejero de Hacienda madrileño, Enrique Ossorio, aseguró que su comunidad está ahorrando en intereses y afirmó que todos los proveedores madrileños ya han cobrado.

El papel de las empresas públicas en el déficit

Bruselas ha puesto en marcha un nuevo Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010) que modifica algunos de los criterios contables seguidos hasta ahora. Uno de los cambios más relevantes se centra en el efecto sobre el déficit público de las empresas participadas por la Administración. Bruselas ha endurecido las condiciones que debe cumplir una empresa pública para quedar fuera de la contabilidad nacional.

Ello provocará que los resultados negativos de Adif pasen a partir de ahora a imputarse como déficit. Fuentes de Hacienda aseguran que el incremento será mínimo y, además, la compañía se dividirá en dos para evitar perjuicios a las cuentas públicas.