Tribuna

La suficiencia financiera municipal

Mientras nuestras Señorías en las Cortes Generales debaten, con una mano, la reforma de la administración local en la búsqueda de una mayor racionalidad y sostenibilidad en su gasto, más concretamente en el municipal, con la otra vienen aprobando reformas en la Ley reguladora de las haciendas locales que debilitan los pilares que garantizan su suficiencia financiera. Estas últimas reformas buscan, y aquí se encuentra una de las primeras paradojas, el interés municipal por competencias que pasan a ser impropias, entre ellas el fomento del empleo y con base al principio de “una administración, una competencia”.

De los cinco impuestos municipales existentes en nuestro país, cuatro de ellos se han visto afectados con reformas de amplio calado relacionadas con un nuevo beneficio fiscal que, en busca del fomento del empleo, posibilita que las cuotas íntegras de estos tributos puedan llegar a bajar hasta el 95%. Ello es fruto de nuestra cultura del agasajo y hospitalidad. Un nuevo episodio de “Bienvenido Mister Marshall”, donde, por ejemplo, ponemos alfombras de oro en la intención de facilitar un proyecto de inversión en la comunidad autónoma de Madrid. También la actitud, típicamente hispana, del “invito yo y pagas tú”. En definitiva, los municipios se responsabilizan del fomento del empleo, que es competencia de otros niveles de la administración pública española, a base de recortar sus ingresos propios.

Sin duda, el fomento del empleo debe ser una preocupación de todos, pero ajustándose a que cada administración asuma sus competencias y programe el gasto público necesario y las políticas adecuadas. Sustentar el gasto de una competencia impropia en los municipios es atacar la viabilidad y, con ella, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales. No podemos utilizar a los entes locales como el bálsamo de fierabrás y hacer experimentos con su frágil modelo de financiación. Más aún, cuando llevamos decenas de años solicitando una reforma en la tributación municipal que la facilite y mejore, sin ser escuchados. A cambio se produce una tremenda reforma sin apenas debate y sin medir sus efectos económicos, mientras las Cortes debaten la racionalidad y la sostenibilidad del modelo de municipios que deseamos en España.

Pues esto no acaba aquí. Se viene debatiendo una reforma en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, uno de los tributos que estaba sin tocar respecto a la batería de nuevos benéficos fiscales, para conseguir objetivos cuya competencia es, de nuevo, de otras administraciones públicas, como son los niveles de contaminación del medio ambiente. En vez de perseguir que los vehículos contaminen menos a través de ayudas al sector automovilístico, a nuestros gobernantes no se les ocurre otra cosa que cambiar la fiscalidad municipal. A menor contaminación, menor tributación.

Con esto se cierra el círculo. Cinco impuestos soportan y garantizan la suficiencia que la Constitución Española establece en su art. 142 para nuestros municipios. Pues bien, todos ellos se retocan, pero no para ser mas eficientes y garantizar esta suficiencia. Por el contrario, se consigue debilitarlos a la búsqueda de objetivos competenciales de otros niveles de gobierno.

Ahora, lo que falta es que, con el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, se recorte la participación en los tributos del Estado de los municipios. Ya desde Andalucía se ha dado una pista para ello. Su reciente Ley de financiación dota un fondo de reparto para sus 711 municipios, estableciendo una fórmula de actualización de lo aportado hasta 2014, vinculada a un indicador basado en la eficiencia recaudatoria de los tributos propios de la Junta. Pues bien, se ha incumplido la dotación al mismo en 2013 y 2014, con lo que la actualización a practicar en 2015 será menor de la prevista. Es un aviso a navegantes.

Frente a este panorama sólo nos queda esperar que el gasto público municipal no se convierta en una zona de experimentos o de acciones poco meditadas y que haga insostenible la realización de servicios y competencias por la administración más cercana a la ciudadanía. Esperemos también que no se provoquen nuevos debates estériles en los municipios con la consiguiente frustración de miles y miles de sus contribuyentes por la demanda de aplicación de estos nuevos beneficios fiscales. Esta siembra de vientos será sin duda una recolecta de tempestades en el futuro inmediato y ya sabemos los resultados que estas últimas ofrecen.

 

Juan Manuel Ruiz Galdón es doctor por la Universidad de Málaga y economista

Normas