Los jueces validan el recorte salarial de los funcionarios europeos
La sentencia permitirá a partir de ahora al Consejo (formado por los 28 gobiernos de la UE) invocar la cláusula sobre la crisis.
El veredicto supone una importante derrota para la Comisión Europea, que en 2011 se empeñó en conceder un incremento salarial del 1,7% a los funcionarios europeos, aduciendo que no existía una crisis grave en el continente.
La mayoría de los países, entre ellos España, rechazó esa subida. La decisión fue impugnada ante el Tribunal por el equipo de José Manuel Barroso, presidente de la CE, que reivindicó su derecho a interpretar en exclusiva la conveniencia de invocar o no la cláusula del estatuto de los funcionarios que permite paralizar la revisión automática de sus salarios.
Los jueces fallaron a favor de los Gobiernos que, según la sentencia, no invadieron las competencias de la Comisión al imponer de facto una congelación de los salarios.
La sentencia sienta un importante precedente que permitirá a partir de ahora al Consejo (formado por los 28 gobiernos de la UE) invocar la cláusula sobre la crisis, cada vez que lo consideren oportuno, a partir de los datos facilitados por la Comisión.
El caso concluido ahora se remonta a diciembre de 2010, cuando en plena crisis del euro y con tres países rescatados o al borde de la bancarrota (Grecia, Irlanda y Portugal), el Consejo le pidió a la Comisión que presentase una propuesta salarial para 2011 acorde “a la situación económica y social que se vive en el seno de la Unión Europea”.
Seis meses después, Barroso presentó un informe en el que, tras analizar 15 indicadores (desde el PIB a la deuda pública o el paro) concluía que la recuperación estaba en marcha y no se apreciaba ningún deterioro grave o repentino de la situación económica y social.
Por ese motivo, a finales de año Barroso propuso una subida el 1,7% del salario para los comisarios y sus miles de funcionarios, en aplicación de una fórmula matemática basada en la evolución del coste de la vida de varios países.
La mayoría de los Gobiernos se negaron y hoy el Tribunal les ha dado la razón con esta resolución.