Mejor un buen acuerdo que un mal pleito
Las soluciones extrajudiciales ganan enteros entre los operadores legales
Probablemente la necesidad –llámese crisis económica, saturación judicial, falta de medios para litigar o tasas judiciales– esté haciendo virtud en la extensión de remedios a conflictos o necesidades legales que, hasta la fecha, acababan irremediablemente en los tribunales. El pasado 31 de octubre, el Consejo de Ministros tenía conocimiento del anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para la consideración del Gobierno y su tramitación parlamentaria. Una norma que pretende sistematizar la dispersa normativa de los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, pero que requieren la intervención de órganos judiciales para la tutela derechos relacionados con el Derecho civil y mercantil. Esta iniciativa gubernamental nace en un momento en que los llamados medios alternativos o extrajudiciales ganan peso y espacio como nunca lo habían hecho en el sistema legal español.
También en fechas recientes, y coincidiendo con la celebración en Madrid del III Simposio sobre Tribunales y Mediación en España, organizado por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (Gemme), que congregó a más de 400 miembros de la judicatura y otros profesionales del sector legal, el ministro de Justicia anunció que el Gobierno estudia la aprobación “en breve" de sendas normas legales mediante real decreto para desarrollar la Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, para crear un registro de mediadores y para implementar esta herramienta extrajudicial por medios electrónicos. El nuevo espacio que se abre en el sector legal está incentivando la actividad de los diferentes colegios y entidades profesionales.
Sin ir más lejos, el Colegio de Abogados de Madrid, el de mayor dimensión de España y especialmente dinámico en la materia desde que asumió su dirección la decana Sonia Gumpert hace casi un año, ha alcanzado un acuerdo con la Cámara de Comercio y los colegios de notarios y procuradores de Madrid para colaborar en la promoción y difusión de la mediación como procedimiento alternativo de resolución de conflictos mercantiles. Una infrecuente suma que casi es multiplicación y que, en palabras del presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, “prueba que estamos impulsando y desarrollando la mediación, con los objetivos de asegurar que sea modélica y convencer al resto de operadores jurídicos de que los que proponemos la mediación somos sus aliados"
El arbitraje, el medio más extendido
No todos los medios no litigiosos de resolución de conflictos gozan de la misma madurez y alcance, aunque todos se ven impulsados por este viento favorable a su empleo. Quizá el de mayor recorrido sea el arbitraje, muy extendido en materia comercial o de reclamación mercantil. En este ámbito, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid exhibe casi 25 años de experiencia, habiendo resuelto conflictos entre partes que afectaban a más de 2.000 millones de euros en 2012.
Elena Gutiérrez García de Cortázar, letrada jefe de la Corte de Arbitraje de Madrid, afirma que “las disputas son inherentes a cualquier actividad comercial" y que, lo mismo que se hacen planes de negocio, se debe tener prevista la resolución de estos conflictos “al menor coste y con la menor inversión". Rapidez y especialización son importantes ventajas que, según García de Cortázar, refuerzan el valor de este sistema. “Tenemos extraordinarios jueces en la jurisdicción, pero es imposible que sepan de todo y, en algunos sectores, no conocer en profundidad la mecánica del sistema es no hacer justicia", dice la letrada.
El arbitraje tiene la cualidad de dar a sus resoluciones el valor de cosa juzgada definitivamente. Es decir, según expresión de Elena Gutiérrez, “el árbitro actúa como si fuera un magistrado del Tribunal Supremo, por decisión de las partes". No es un procedimiento barato, pero es un procedimiento rápido. El 75% de los laudos de la Corte de Madrid se resolvieron en menos de un año, por cerca de seis en los procedimientos jurisdiccionales con apelación, y en materia comercial el tiempo es dinero.
La porosidad del sistema legal español a los métodos alternativos se multiplica. Muchos de los colegios de abogados tienen ya centros o instituciones dedicados a la materia. Francisco Real, vicepresidente de la Comisión de Métodos Extrajudiciales para la Resolución Alternativa de Litigios y Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), considera que la abogacía “ha tomado una postura favorable especialmente a la mediación, y se está haciendo un gran esfuerzo en la formación especializada en la materia", sin ocultar “que hace falta aún que la sociedad española tome conciencia de las virtudes de las soluciones dialogadas, que son siempre mucho mejores que acudir a la jurisdicción".
Una de las “excelencias" del sistema es, según el consejero del CGAE, “abundar en la libertad de las partes a través de una persona especializada, que siempre es mejor que acudir al juzgado". Otra de las ventajas de los métodos alternativos es “encontrar otras salidas profesionales", que se soportarán “sobre la formación y la especialización, ya que el sistema no solo requiere conocimiento científico del Derecho".
Ana Gutiérrez, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores, considera que las recientes iniciativas legislativas son “un gran empuje a los sistemas alternativos de resolución de conflictos", aunque “lo cierto es que son grandes desconocidos entre los ciudadanos". Es muy importante hacer una labor pedagógica, dice la letrada, “para dar a conocer estos sistemas".
Los jueces también juegan
Luis Aurelio González, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid, es uno de los jueces españoles con más autoridad y experiencia en la autocomposición de conflictos. Desde su juzgado ha impulsado procedimientos de mediación que hicieron que el CGPJ le reconociera con el Premio de Buenas Prácticas en Justicia en 2011. Considera el juez que hay que superar la cultura de que es preferible “quedarse tuerto con tal de que el otro quede ciego". Gran conocedor del Derecho comparado, se lamenta de que, a diferencia de lo que sucede en el common law, el juez no pueda obligar a las partes a una “sesión informativa" sobre la mediación, sin perjuicio de que el pleito acabe siendo resuelto por la jurisdicción. Actuar sobre la condena en costas para impedir litigios innecesarios puede “ser una posibilidad", pero sobre todo “concienciar a los profesionales que defienden a su cliente de que para conseguir su pretensión de mejor defensa no solo existe pleito".
Recuerda el magistrado que la denostada Ley de Tasas establece que los acuerdos a los que se llegue en asuntos ya judicializados tienen una bonificación del 60% de la tasa. Añade que la litigiosidad ha disminuido por las tasas, pero esto no ha supuesto un despegue de las soluciones negociadas. “Hay que trabajar mucho más sobre esto".
Notarios y registradores, nuevos actores en la mesa
El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria pone en juego a nuevos actores en el tablero del tratamiento extrajudicial de asuntos entre particulares. Si la ley llega a término en sus principales planteamientos, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles gozarán de nuevos espacios de actuación.
En todo caso, estos cuerpos vienen trabajando desde hace tiempo para que se reconozca su utilidad para resolver extrajudicialmente asuntos de libre disposición de las partes, como son procedimientos de herencias, testamentos, conflictos de poca cuantía en empresas o matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo. Esta nueva forma no sustituye a las existentes religiosa o civil ante el juez o la autoridad municipal.
Los registradores podrán ocuparse de los expedientes registrales, como la convocatoria de junta general de las sociedades que hacen hoy los jueces de lo mercantil, la constitución del sindicato de obligacionistas cuando las entidades no lo hagan y el nombramiento de auditores para el examen de las cuentas anuales.El anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, según el Consejo General del Notariado, “se integra en las corrientes europeas para descongestionar los juzgados y determinadas oficinas públicas, como el Registro Civil, descargándolos de asuntos no contenciosos”. Añade que para ello se apoyan en funcionarios públicos como los notarios, “que son profesionales de alto nivel jurídico, mostrándose el cuerpo dispuesto a colaborar en todas las áreas de jurisdicción voluntaria que quieran encomendárseles".
Y todo ello sin olvidar que muchos de los procedimientos que ahora llegan a los juzgados gratis, sin más coste que el de los honorarios del abogado y el procurador –si no se dispone del beneficio de justicia gratuita–, pasarán a ser resueltos por notarios y registradores, que cobrarán el arancel que fije el Gobierno.