Hacienda revisa el impuesto y abre la vía a la iniciativa autonómica
Sede del Banco de España en Madrid.
Sede del Banco de España en Madrid.

La banca teme una tasa a depósitos que podría alcanzar los 5.500 millones

La decisión de la Generalitat de Valencia ha despertado el interés de otras autonomías

El Ministerio de Hacienda está próximo a cerrar un acuerdo con el que el sector pueda seguir contabilizando como capital al menos 28.000 millones de euros de activos fiscales diferidos, en contra de lo que exige Basilea III, y asumiendo el riesgo de cubrir con fondos públicos el pago de impuestos que correspondería a un banco en el caso extremo de liquidación. Y mientras se dispone a cerrar un frente fiscal con la banca, uno nuevo se perfila en el horizonte.

El anuncio del gobierno de la Generalitat Valenciana de crear un impuesto sobre los depósitos de la banca en esta comunidad autónoma ha puesto en alerta a las entidades financieras, que temen que esta iniciativa sea seguida por otros gobiernos autonómicos. Su inquietud se basa en el cambio de postura manifestado por Hacienda hacia el gravamen autonómico sobre los depósitos a la banca.

Esta tasa, que inauguró en 2001 Extremadura bajo el gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, fue seguida en 2012 por los gobiernos de Andalucía, Canarias, Cataluña y Asturias, a lo que Hacienda reaccionó con la creación de una tasa estatal. El 1 de enero de 2013 entró en vigor un impuesto de ámbito estatal sobre los depósitos a la banca del 0%, con la finalidad de frenar que nuevas comunidades autónomas crearan sus propios impuestos para este concepto. Al existir uno estatal, ya no había lugar para uno atonómico que gravara la misma actividad, si bien Hacienda debía compensar a las autonomías que ya lo tenían en vigor. Asturias y Cataluña incluso aprovecharon la recta final de 2012, cuando Hacienda ya había anunciado la creación de una tasa estatal para 2013, para lanzar su tasa autonómica y tener así garantizada tal compensación.

Hacienda contempló meses después la posibilidad de elevar esa tasa estatal de cero al 0,02%, con el objetivo de hacer frente a esas compensaciones por un impuesto que ya se debatía en el ámbito judicial. La tasa catalana fue recurrida en el Constitucional, que la dejó en suspenso. El pasado mayo acordó levantar esa suspensión temporal, si bien aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Valencia ha aprovechado ese vacío legal pero también el cambio de actitud mostrado por Hacienda, que reconoce estar revisando la propia existencia de la tasa estatal en el contexto de la reforma de la financiación autonómica y del cambio integral de impuestos previsto para 2014.

“Si desaparece a nivel estatal, lo más probable es que nuevas autonomías se decidan a crearlo. Es preocupante”, reconocen desde el sector financiero. Desde Valencia apuntan que han recibido la consulta de gobiernos autonómicos para su aplicación. En el debate subyace la necesidad de los gobiernos autonómicos de buscar nuevas vías de financiación con las que cumplir los objetivos de recorte de déficit público.

“La causa fundamental para la creación de la tasa es la necesidad de obtener ingresos”, reconocen desde la Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana, donde recuerdan que solo los gastos financieros suponen este año 1.200 millones de euros, con la previsión de que aumenten el 7% el año próximo de acuerdo con los presupuestos autonómicos. Para 2014 prevén recaudar con la tasa 230 millones, ya presupuestados. Establece un 0,5% para bancos con una base de depósitos superior a los 600 millones, un gravamen máximo –es del 0,3% para menos de 150 millones y del 0,4% hasta 450 millones– que comparten en su tasa Andalucía, Canarias, Cataluña y Asturias. En Extremadura es del 0,6%.

Tomando en cuenta la base actual de depósitos al sector residente, de 1,46 billones de euros a septiembre según el Banco de España, un impuesto a la banca del 0,5% por ese volumen tendría un coste de 5.500 millones. Contando con que su aplicación se extendiera entre las comunidades autónomas y considerando excepciones como Madrid, que no ha mostrado interés en aplicarla.

Impacto en el cliente y en el contribuyente

La aplicación de un impuesto sobre los depósitos de la banca que opera en la Comunidad Valenciana se focaliza sobre un ahorro que ha quedado en manos principalmente de entidades nacionalizadas. Valencia perdió todas sus entidades financieras de referencia con la nacionalización de CAM, que pasó a manos de Banco Sabadell, la de Bankia, donde había quedado integrada Bancaja, y la de Banco de Valencia, ahora integrado en Caixabank. Según datos del Banco de España, al cierre del segundo trimestre del año el volumen de depósitos ascendía en esa comunidad a 97.314 millones de euros, por debajo de los 198.285 millones de Cataluña o los 108.062 millones de Andalucía, comunidades donde también se adoptó el impuesto sobre los depósitos. Madrid concentra el mayor volumen de depósitos, con 366.222 millones de euros, muy por delante del resto de autonomías.
La banca ha recurrido en los tribunales la creación de impuestos autonómicos sobre los depósitos, que no ha llegado a convertirse en fuente regular de ingresos para los gobiernos autonómicos. Sin haberse producido un desembolso significativo del impuesto –recaudado solo de forma intermitente en Extremadura– la banca sí ha tenido que presentar un aval, con su correspondiente coste e impacto en cuenta de resultados, explican en el sector, donde advierten además del riesgo de trasladar el impuesto al cliente. Es decir, compensar ese gasto con mayor cobro de comisiones o menor remuneración en los depósitos. El argumento de los gobiernos autonómicos es en cambio, además del recaudatorio, el de hacer contribuir a la banca por el coste de su rescate sobre el contribuyente, un fenómeno evidente en la malograda banca valenciana.

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