Aporta a los jueces dos versiones diferentes de la reunión
Sede de Pescanova en Pontevedra.
Sede de Pescanova en Pontevedra.

Pescanova presenta dos actas distintas de la reunión clave del 26-F

El juez de la Audiencia Nacional tiene un acta de la reunión del comité de auditoría del 26-F

El juez del mercantil de Pontevedra tiene un acta diferente de la misma reunión

El socio de BDO que ha firmado las cuentas del grupo declara hoy como imputado

El juez del juzgado mercantil de Pontevedra que sigue el concurso de Pescanova tiene un acta de la reunión del comité de auditoría del grupo pesquero del 26 de febrero. Y el juez de la Audiencia Nacional que sigue las querellas contra los principales ejecutivos del grupo tiene también el acta de la reunión del comité de auditoría del grupo gallego del mismo día. Pero son diferentes.

El documento es clave en la crisis de la multinacional gallega. La negativa a firmar las cuentas del grupo del año 2012 fue la primera señal de alarma de la empresa. Pescanova informó a la CNMV el 28 de febrero que no formulaba las cuentas del pasado año y que estaba pendiente de vender su negocio de salmón o entrar en preconcurso. Un día después informó al regulador de su entrada en preconcurso haciéndose público que la situación real de la empresa era mucho peor de lo que hasta entonces se había comunicado al regulador del mercado español.

Este diario ha accedido a las dos actas. La entregada al mercantil de Pontevedra la aportó Pescanova en abril, cuando solicitó la revocación como auditor de BDO, la firma que ha auditado las cuentas de Pescanova en los últimos diez ejercicios. La que tiene el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional ha sido aportada recientemente por la administración concursal de la compañía; el magistrado de la Audiencia Nacional requirió el mes pasado las actas del comité de auditoría de Pescanova elaboradas de cara a la presentación de las cuentas de los ejercicios del 2009 al 2012.

En el acta de esa reunión del pasado 26 de febrero entregada al juzgado mercantil se incluyen dos factores que no aparecen en el acta dada a la Audiencia Nacional.

Siniestros en Portugal

En el documento que posee el mercantil de Pontevedra se advierte sobre dos siniestros sufridos por la filial de Pescanova en Portugal, que suponen unos daños, cubiertos por el seguro, de hasta 70 millones. Y sobre un crédito fiscal aportado a la filial de Namibia, NovaNam, de 45 millones.

En el acta presentada por el grupo al juez de la Audiencia Nacional no aparecen estos dos incidentes sufridos en Portugal y Namibia, y sí un punto titulado “Otros aspectos del informe del auditor” en el que se asegura que ni Pescanova ni sus filiales “se encuentra en situación de incumplimiento de sus obligaciones financieras o de cualquier tipo de obligación que pudiera dar lugar a una situación de vencimiento anticipado de sus compromisos financieros”.

El acta de la reunión del comité de auditoría del 26 de febrero entregado al mercantil está firmada por el que entonces presidía el comité de auditoría de Pescanova, Robert Albert Williams. El aportado a la Audiencia Nacional no está firmado y cuenta con el membrete de la marca Pescanova. Fuentes cercanas al grupo gallego apuntaron ayer a este diario que posiblemente el acta entregado en la Audiencia Nacional pueda ser “un borrador”.

En ambos documentos Santiago Sañé, socio de BDO que firma las cuentas de Pescanova, manifiesta que los informes de auditoría “son favorables” y que sujeto a la terminación de algunas “pruebas de auditoría” el auditor recomienda “al comité de auditoría que se informe favorablemente al consejo de cara a la formulación de las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2012”.

Santiago Sañé declara hoy ante el juez Ruz como imputado por el caso Pescanova por un presunto delito de falseamiento de información económica-financiera.

El magistrado de la Audiencia Nacional decidió imputar a BDO tras haber admitido “parcialmente” la querella interpuesta por el fondo de inversión Cartesian, que cuenta con el 5% de la multinacional, contra la auditora de la pesquera por haber sufrido un perjuicio patrimonial de 23 millones de euros.

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