Empleo estudiará si deja de pagar las pensiones de viudedad con cotizaciones
CiU, PNV, Izquierda Plural y UPyD han presentado enmiendas a la reforma de las pensiones
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se reunió ayer con los responsables de los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE-Cepyme, en un nuevo intento de conseguir el aval de los agentes sociales a la reforma de pensiones que se debate estos días en el Parlamento. El encuentro fue, de momento, infructuoso, ya que ni los representantes sindicales ni los patronales creen que a fecha de hoy sea posible sellar un acuerdo con el Gobierno en esta materia, según distintas fuentes que asistieron a la reunión.
El principal escollo a este acuerdo es la negativa del Gobierno a retirar el factor de revalorización de las pensiones –que desvincula su actualización del IPCanual y las revalorizará un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más el 0,25%–, algo que exigen los sindicatos para dar su aval. Fuentes asistentes a la reunión aseguraron que Burgos cerró cualquier posibilidad a que se retire este nuevo factor de revalorización que entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Los responsables gubernamentales también se mostraron muy reticentes a retrasar la implantación del factor de sostenibilidad más allá de 2019, tal y como propone Empleo. Si bien fuentes parlamentarias aseguraron que en este punto habría margen de negociación.
Dicho esto, tras la reunión de ayer, fuentes sindicales reconocieron “algunos avances”. En concreto, aludieron a que los responsables de Empleo se mostraron dispuestos a “incorporar el compromiso de hablar de ingresos”. De esta forma, el Gobierno abriría la puerta a tomar medidas inmediatas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social con el fin de sanear el sistema que tiene ahora un déficit anual superior a los 15.000 millones de euros.
Aunque los responsables del Gobierno no se comprometieron ayer a llevar a cabo ninguna medida concreta, sí se refirieron a la existencia de varias enmiendas parciales al anteproyecto de ley de reforma de las pensiones que afectan a los ingresos y que serían las que están dispuestos a estudiar en el Ejecutivo.
De estas enmiendas, las más importantes son las presentadas por el PNV, CiU, Izquierda Plural y UPyD que proponen, con redacciones parecidas, dejar de financiar con cotizaciones sociales los más de 20.000 millones que cuestan las pensiones de viudedad y orfandad anualmente y pasar, de forma paulatina, a pagarlas con impuestos generales.
Las propuestas de los grupos varían e sus fórmulas de hacer la transición. El PNV propone que se haga “de forma progresiva y consensuada en la Comisión del Pacto de Toledo”. Izquierda Plural plantea solo que se realice “un estudio” sobre esta posibilidad y UPyD y CiU son los más concretos. La formación de Rosa Díez pide que la medida se adopte en seis meses desde el 1 de enero de 2015 y los nacionalistas catalanes proponen un cambio mucho más suave: a lo largo de 25 años; e instan a que se presente el plan en un año. Así, fuentes cercanas al Ejecutivo admitieron ayer que esta es una de las enmiendas que están negociando el PP y el Ejecutivo con los grupos parlamentarios. CC OO y CEOE-Cepyme están a favor de esta medida y solo UGTno la respaldaría.
De salir finalmente adelante este cambio en la financiación de las pensiones de viudedad ayudaría a sanear completamente el sistema, ya que sacaría de la caja de la Seguridad Social un pago prácticamente equivalente al déficit anual previsto para los próximos años.
Junto a esta enmienda, el Gobierno negocia otras, también orientadas a aumentar los ingresos del sistema, como pasar a financiar también con impuestos los gastos de gestión de la Seguridad Social (unos 3.000 millones) o el aumento progresivo de las cotizaciones del régimen de trabajadores autónomos para equipararlos al de los asalariados, que pagan cuotas muy superiores.
Por su parte, los empresarios, que prevén aprobar en su Junta Directiva de hoy su postura ante esta reforma, criticaron ayer la forma en la que el Gobierno está llevando a cabo esta negociación con los agentes sociales, sobre todo por la premura con la que quieren poner en marcha esta reforma, lo que pone también en cuarentena su apoyo.
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