Lagares critica el tipo reducido para pymes en el impuesto de sociedades
Resulta improbable que el Ejecutivo opté por suprimir el régimen especial para pymes El presidente de los expertos aboga por la retirada de deducciones en el impuesto
Los miembros del Comité de Expertos para la reforma fiscal mantienen un sepulcral silencio desde que fueron elegidos por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio. Sin embargo, el presidente de este grupo de teóricos, el catedrático de la Universidad de Alcalá Manuel Lagares, ha participado con un artículo en el libro Manual Completo del Impuesto sobre Sociedades publicado recientemente por EY Abogados.
El profesor critica en su texto sistemas tributarios como el español en el que establecen regímenes especiales en el impuesto sobre sociedades en función de variables como el tamaño de la empresa. En su opinión, ello genera “situaciones de injusticia relativa entre entidades y problemas de errores de salto cuando se sobrepasa por poco el nivel del índice elegido para diferenciar el tipo de gravamen”. Además, señala que los regímenes especiales pueden incentivar que una empresa fragmente su actividad o rechace una integración en una estructura mayor para mantener un tipo más bajo, “lo cual no suele ser beneficioso para las economía en su conjunto”.
La opinión de Lagares está extendida, incluso dentro de la Administración Pública. Sin embargo, resulta improbable que ningún Gobierno se atreva a aplicar una medida impopular como suprimir el régimen especial para pymes. Hay que tener en cuenta que la reforma fiscal se aprobará en 2014 y entrará en vigor en 2015, año de elecciones generales.
Actualmente, el tipo nominal en el impuesto sobre sociedades se sitúa en el 30%, porcentaje que se reduce al 25% para empresas de reducida dimensión. Además, contradiciendo la opinión de la mayoría de expertos que reclama simplificar el tributo, en los últimos años se han ido introduciendo más reglas particulares. Así, se ha fijado un tipo del 20% para empresas de reducida dimensión que mantengan su nivel de empleo o del 15% para entidades de nueva creación. La Ley de Emprendedores, una de las medidas legislativas que más ha publicitado el Gobierno, también incluye rebajas fiscales especiales para las pequeñas empresas.
Todo ello sugiere que la reforma del impuesto sobre sociedades mantendrá un sistema singular para pymes. Lagares también se muestra crítico con el largo listado de deducciones y beneficios fiscales que incorpora la legislación del impuesto sobre sociedades. “Cualquier reforma del impuesto sobre sociedades debería comenzar haciendo desaparecer muchos de esos incentivos y permitiendo así que se pueda soportar mejor el posible coste recaudatorio de la reforma”. En este punto, la opinión del presidente de los expertos es compartida por Hacienda, que ya ha retirado un buen número de beneficios fiscales, especialmente para las grandes empresas.
Lagares va un paso más allá y señala que la subvención pública a la inversión empresarial es más eficiente que la deducción. Entre otras ventajas, la subvención se define como un gasto público y, por lo tanto, se somete al control parlamentario. La deducción también supone un coste para las arcas públicas, pero no sufre la misma vigilancia.
Un modelo desfasado que contribuyó a elevar la deuda privada
El impuesto sobre sociedades ha contribuido decisivamente al excesivo apalancamiento de las empresas. La posibilidad, vigente hasta 2012, de deducir sin límite los gastos financieros incentivó el endeudamiento. Los expertos coinciden en que debe irse hacia un modelo más neutral que no penalice la inversión con recursos propios. La solución no es sencilla. Lagares apunta la posibilidad de permitir la deducción en el impuesto de sociedades de los dividendos repartidos. Aunque su aplicación es improbable por su elevado “coste recaudatorio”.
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