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Once plantas, paradas por falta de suministros

Fagor necesita 170 millones en diez días para remontar su crisis

Planta de Fagor en Mondragón.
Planta de Fagor en Mondragón.

La crisis de Fagor Electrodomésticos, que presentó pre concurso de acreedores el paso 16 de octubre con un pasivo de unos 1.000 millones, entra en la recta final. Representantes del líder nacional en línea blanca comienzan a lanzar mensajes de ayuda. El grupo necesita 170 millones en diez días para hacer frente a pagos inmediatos, sobre todo en Francia y Polonia, donde no existe la figura del preconcurso como en España (lo que da un margen de cuatro meses a los actuales gestores para buscar una salida).

En esos países, un acreedor pudiera instar la antigua suspensión de pagos, con lo que el juez de turno apartaría de la dirección a los ejecutivos españoles y nombraría unos administradores, tutelados por el magistrado. Sergio Treviño, director general de la empresa, ha admitido en algunos medios de comunicación que el plan es salvar mil empleos (en las cinco fábricas en España trabajan 2.000 personas), sobre una plantilla total de 5.600 profesionales. Fagor Electrodomésticos quiere mantener las líneas de negocio más rentables (como domótica y electrodomésticos de gama alta).

 En un comunicado, la compañía de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa) dice que busca "nuevas vías de financiación", tras las aportaciones este año de 40 millones del Gobierno vasco y de 70 millones del resto de las cooperativas que integran Corporación Mondragón. Esa entrada de fondos sólo es posible por la venta de fábricas, porque la vía de las entidades financieras se presenta muy complicada. Los inversores con más posibilidades son sus socios actuales, como las multinacionales chinas Haier y Robam y la corporación alemana Vaillant.

Once de sus plantas, salvo las dos de China, están paradas por falta de suministros. Y el 80% de los 2.000 socios está en su casa, cobrando el 80% del sueldo por la Lagun Aro Epsv, el Inem de Corporación Mondragón. Fagor Electrodomésticos ha querido tranquilizar a sus cooperativistas, porque han cambiado la titularidad de pisos y cuentas bancarias ante la posibilidad de que les salpicara una posible quiebra por su condición de socios.

Su responsabilidad ante la deuda, "está limitada a sus aportaciones al capital", por lo que "en ningún caso su patrimonio personal está en riesgo". Es decir, han perdido los 12.000 euros de media que pagaron para entrar en la empresa y gran parte (o toda) de la cartilla que se nutre con parte de los resultados anuales (y luego se abona en su totalidad a la hora de la jubilación, según un planteamiento que no se cumple en todos los casos). Es decir, perderán los ahorros y quizás el empleo, pero no la vivienda, por ejemplo.

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