Un nuevo marco para la atención sociosanitaria

Cuatro expertos en materia de dependencia abogan por coordinar los servicios sociales y sanitarios para proporcionar mejores cuidados a las personas

Foto de familia del encuentro sobre atención sociosanitaria realizado por Cinco Días y la Fundación Caser.Pablo Monge

En España hay actualmente 2,5 millones de personas de más de ochenta años; dentro de tres décadas, se espera que la cifra alcance los 6,5 millones; además, se calcula que hacia 2050 el 35% de los españoles tendrá más de 65 años. El cambio demográfico es cada vez más notable y también lo son las necesidades que genera y el aumento que éstas experimentarán con el paso del tiempo. Ante esta realidad, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2006 la llamada Ley de la Dependencia, que algunos años después parece precisar un nuevo enfoque. Entre estos datos y conclusiones se desarrolló el encuentro organizado por Cinco Días en colaboración con la Fundación Caser que reunió a expertos en la gestión de la atención sociosanitaria y a responsables políticos.

“La ley fue muy voluntarista, pero ha tenido unos resultados prácticos escasos”, aseguró Santiago González, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En una línea similar se pronunció el director general del Imserso, César Antón, que además afirmó que la norma actual no afronta el reto de integrar atención social y sanitaria. “Una vez reconocido el grado de dependencia, el catálogo de servicios al que se accede sigue siendo el de siempre”, argumentó Antón, que también apostilló que la ley tiene que llegar a un equilibrio entre las prestaciones económicas y de servicios.

Los expertos se mostraron convencidos de que una mejor atención a mayores y enfermos crónicos pasa por una mayor coordinación entre servicos sociales y sanidad. “Con carácter previo a la aprobación de la ley se realizaron trabajos importantes en este sentido”, explicó Julio Sánchez-Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “otra cosa es que fructificaran”. Sánchez-Fierro explicó que fueron las dificultades burocráticas las que llevaron a evitar la creación de una sola estructura que agrupara los dos tipos de atención y que ello provocó que no se pudieran enmarcar los servicios sociosanitarios en la legislación sobre Dependencia. Esta fue, según el vicepresidente del Consejo Asesor, una de las razones que llevó a que la norma se concibiera finalmente más como un conjunto de medidas que como una estrategia ante el envejecimiento de la población.

Sistemas más eficientes

El director de la Fundación Caser para la Dependencia, Juan Sitges, consideró que la coordinación sociosanitaria es una “asignatura pendiente”, pero apuntó que las bases parecen estár sentadas para iniciar un recorrido a largo plazo con el objetivo de combinar ambos servicios. Sitges recalcó que hay que tener visión de futuro, ya que hará falta tiempo para concienciar a la sociedad y a los profesionales de la necesidad de que sanidad y servicios sociales vayan de la mano. “Hay que ayudar a crear un cambio cultural”, afirmó el director de la fundación. También, hizo referencia a la posible reducción de costes que supondría la puesta en marcha de una atención integral. “Aunque en estos casos no hay que pensar en el ahorro, conseguiríamos dos sistemas más eficientes”, concluyó el director general del Imserso al explicar que la colaboración entre estas estructuras podría tener también unos efectos presupuestarios beneficiosos para el Estado y la economía (teniendo también en cuenta el aporte de las entidades colaboradoras). “Probablemente tendría que haber una convergencia entre los objetos”, aseveró Julio Sánchez-Fierro para ilustrar que el buen funcionamiento de la atención sociosanitaria repercutirá en la marcha de ambas estructuras.

Para que las personas que precisan acudir simultáneamente al sistema nacional de salud y al de servicios sociales reciban la atención adecuada, César Antón aseguró que desde el Ministerio de Sanidad se está promoviendo un marco regulador “que tiene que nacer desde el consenso”. Para conseguirlo, las principales cuestiones que el Gobierno considera que hay que definir son las necesidades de las personas dependientes y la formación con la que deben contar los profesionales que requiere el sistema conjunto.

La coordinación tendría efectos beneficiosos para la economía

Desde la Administración también creen que hay que establecer unos criterios homogéneos en todo el territorio. En un contexto en el que se suceden las tensiones entre comunidades autónomas por diversos temas, Antón dijo que, sin embargo, sí que aprecian una sensibilidad común en este aspecto y una voluntad de alcanzar un acuerdo sobre este marco que cohesionará el Ministerio. “Si se plantea bien el camino, habrá matices pero creo que existe una buena disposición”, afirmó, “no solo por la eficiencia económica, sino para prestar una mejor atención a las personas”.

En lo referente a los principales instrumentos que el Ministerio pretende utilizar para tender puentes entre la sanidad y los servicios sociales, el director general del Imserso explicó que la información es uno de los pilares fundamentales. Facilitar el acceso a las historias médicas o crear comisiones conjuntas que se encarguen de realizar los seguimientos de los casos, serán algunas de las medidas que pretenden poner en marcha para mejorar la atención a los dependientes.

Otro de los pilares sobre los que el Ministerio se apoyará para propiciar el cambio lo constituirá la prevención y la promoción de la salud (estructuras ya existentes como los centros de día tendrán un importante papel en este aspecto).

Colaboración público-privada

También se mencionó la atención en los domicilios, que está bastante extendida entre los servicios sociales, pero no tanto en los sanitarios. El director general del Imserso explicó que reducir el tiempo de hospitalización y combinarlo con los cuidados adecuados en casa del paciente puede repercutir, no solo en la comodidad del dependiente, sino también en forma de ahorro económico. El modelo residencial fue otra de las herramientas que se barajaron durante la reunión para mejorar la atención a los pacientes dependientes y a sus cuidadores. “Tiene que evolucionar”, comentó Sitges en referencia a este tipo de servicio que consideró que debería ofrecer nuevas posibilidades e ir más allá de la asistencia tradicional. El director de la Fundación Caser para la Dependencia propuso algunas soluciones como ofrecer plazas de respiro (para permitir a los cuidadores descansar durante periodos cortos como vacaciones o fines de semana) o las comidas a domicilio. Los expertos reunidos por este diario y la Fundación Caser coincidieron también en que la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales no podría llevarse a cabo sin la colaboración entre la Administración pública y las entidades privadas.

“Nadie con sentido común estaría a favor de la separación de los servicios públicos y privados”, afirmó Santiago González, “ya que sin la intervención de ambos no habría capacidad para atender toda la demanda”. El catedrático expuso que, sin embargo, el ámbito de la atención sanitaria presenta una cierta resistencia a esta conjunción. González abogó por trasladar el debate a las condiciones en las que se realiza la colaboración, en lugar de centrarlo en la gestión en sí misma.

“Ambos sectores están organizados de manera diferente”, concluyó Julio Sánchez-Fierro, quien recalcó que los movimientos que están registrando en la sanidad pública en contra de la entrada de entidades privadas se deben a que este ámbito no está tan acostumbrado a la gestión mixta como el de la atención social.

El director de la Fundación Caser mostró su disposición a que la institución a la que representa y otras entidades colaboradoras de la atención sociosanitaria aporten “su grano de arena” para facilitar la integración de estos servicios. Por su parte, César Antón, como representante del Ministerio de Sanidad en el debate, aseguró que su intención es que las entidades privadas también se sienten en la mesa de negociaciones en la que se tratan los pormenores del nuevo marco legal sobre asistencia social y sanitaria.

Los profesionales, en el punto de mira

A la hora de poner blanco sobre negro qué es lo que se debe hacer para dar mejores servicios sociosanitarios a las personas que requieren cuidados de larga duración, los expertos ponen la lupa sobre los profesionales.

¿Son los adecuados? Puede que los sanitarios, por un lado, y los profesionales sociales, por otro, sean los mejores en sus campos, pero en la inmensa mayoría de los casos adolecen de algo imprescindible: coordinación entre ellos, según coinciden en señalar los participantes en este desayuno.

“En términos generales, la parte sanitaria está menos concienciada que la social”, asegura el director de la Fundación Caser para la Dependencia, Juan Sitges. “Una de las primeras cosas que hay que hacer es concienciar a los médicos de asistencia primaria de que no están solo para curar, sino que deben informar y orientar a los pacientes sobre dónde acudir para que sean atendidos en sus domicilios, por ejemplo”, añade Sitges.

Santiago González, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, pone sobre la mesa otra necesidad:una “mayor profesionalización de quienes imparten la atención sociosanitaria de forma integrada”.

De hecho, según constatan los expertos no es común encontrar médicos que se preocupen por cómo es todo el itinerario de atención de sus pacientes fuera del hospital o del centro de salud. E, igualmente, la mayoría de los asistentes sociales carece de una formación sanitaria adecuada para evitar las continuas visitas de un enfermo crónico a un centro sanitario. Por ello, González apunta a la necesidad de que se regule laboralmente la figura del asistente personal, que aunaría las exigencias de ambos tipos de profesionales para atender a personas que requieren cuidados de larga duración en domicilio.

Por su parte, el director general del Imserso, Cesar Antón, asegura que “hay que definir qué profesionales se necesitan y después deberíamos ser capaces de definir unos requisitos y acreditaciones homogéneas para estos trabajadores en todas las comunidades”.