Pescanova pidió a dos gestorías crear sociedades para generar facturas falsas
Pescanova pidió a trabajadores de dos gestorías de Vigo que constituyeran sociedades con las que la pesquera generó facturas falsas para financiarse y simuló ventas, de forma que el 80% de los ingresos de Pescanova entre 2011 y 2012 fueron ficticios, según el informe forense de KPMG.
Los trabajadores Camilo Rodríguez, Francisco Javier Fernández y Francisco Javier Retamar, que prestaron declaración como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, reconocieron que directivos de Pescanova, entre ellos Alfredo López Uroz, Antonio Taboas y Joaquín Viña, les pidieron que crearan estas sociedades, han señalado a Efeagro fuentes jurídicas.
Uroz era el director financiero de Pescanova en los últimos ejercicios; Taboas, el anterior director financiero; y Viña, el jefe de auditoría y responsable de la consolidación contable del grupo Pescanova.
Los tres imputados aseguraron la semana pasada que desconocían que -a través de doce empresas instrumentales que no tenían ningún trabajador- se realizaban entre el 77 y el 80 % de las ventas de Pescanova entre 2011 y 2012, que resultaron ser ficticias, según el informe de KPMG.
Fuentes jurídicas han apuntado a Efeagro que los imputados afirmaron que Pescanova corría con los gastos de constitución de las empresas, el traspaso de las acciones si se precisaba, las declaraciones tributarias e, incluso, les instaló un programa, un ordenador y una impresora para realizar los pagarés que entregaban a Pescanova como medio de pago en cada factura.
Las mismas fuentes han detallado que con estos pagarés, la pesquera descontaba su importe en los bancos con lo que conseguía financiación, aunque posteriormente tenía que restituir el importe a estas sociedades, que debían devolver la totalidad de los fondos a las entidades financieras.
El informe de KPMG recoge las ventas que realizaba Pescanova a estas sociedades instrumentales desde 2007 (las primeras, Efialtes y Templeton Fish) y hasta 2013 (El Gran Sol de Altura, Pescados Jorfras, Ventres Fish, Sieg Vigo, Pescaeje Sur, Pescagalicia Noroeste, Pontepesca, Mar de Arenco, Caladeros del Norte e Intermega Pesca), y también las recompras que Pescanova les hacía.
El total de las ventas que realizó Pescanova con estas sociedades instrumentales superó los 535,73 millones en 2009; más de 545,36 millones en 2010; 484,75 millones en 2011 y 652,63 millones en 2012.
Las compras que Pescanova realizó a estas instrumentales fue de 491,70 millones en 2009; más de 534,07 millones en 2010; por encima de los 531,73 en 2011; y más de 563,72 millones en 2012.
Según los imputados, Pescanova les precisó que quería que ellos gestionaran esas empresas porque la compañía no podía, pero los imputados, han destacado fuentes jurídicas, no supieron explicar qué hacían de especial que no pudiera hacer la propia Pescanova.
Han añadido que ellos cobraban a Pescanova mensualmente por sus servicios entre los 1.500 y los 2.500 euros mensuales y que todos los gastos ocasionados se justificaban y se cargaban a Pescanova.
El responsable de las instrumentales World Frost y Seafrizen, Manuel López, ha detallado en su declaración como imputado que hacía el negocio con el margen que se quedaba al comprar a Pescanova y que, en caso de no poder vender la mercancía, había llegado a un acuerdo con la pesquera por el que ésta se lo recompraba.
Sin embargo, la pesquera le recompró la mercancía en todas las ocasiones, según han resaltado fuentes jurídicas, quienes han precisado que López cobraba un margen sobre venta, y pero preguntado por cuál era el negocio de Pescanova contestó: “No lo sé, ni me interesa”.
López es el único de los responsables de las sociedades instrumentales que no se ha quedado con ningún pagaré sin compensar por parte de Pescanova, porque a finales de 2012 al producirse retraso en los abonos de los pagarés dejó la operativa.
Según fuentes jurídicas, el resto de imputados destacó que se quedó con pagarés sin compensar por parte de Pescanova y que ahora los bancos les reclaman los importes, que en algunos casos son de 26 y 32 millones.
El juez Pablo Ruz tomará mañana martes declaración como testigos/peritos a los autores del informe forense de KPMG, Pablo Bernard, Alfonso Bravo y Alberto Reglero, auditora que informó sobre las irregularidades cometidas en la compañía gallega.