Editorial

Reforma fiscal, financiación y agitación política

Los debates acerca de la financiación autonómica y de la reforma fiscal, que deberían desenvolverse de forma sincronizada y paralela, puesto que son dos pilares de un mismo edificio, caminan por planos diferentes como si nada tuvieren que ver uno con el otro. Mientras el Gobierno trata de poner orden en los materiales, y establece una fecha para las reformas que sea compatible con la marcha de la economía y sus efectos sobre la recaudación, los poderes regionales, del Partido Popular, del PSOE o de formaciones nacionalistas, quieren imponer sus propios ritmos y sus propios planteamientos. La versión más audaz la esgrime el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tras insistir en que el nuevo modelo de financiación debe estar listo para aplicarse en 2014, al menos con carácter retroactivo para no seguir perdiendo recursos, propone una inmediata revisión a la baja de todos impuestos sobre los que tiene competencia, que suponen una significativa renuncia a recursos tributarios. Madrid plantea, como ya han hecho otras regiones del Partido Popular, rebajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el tramo de gestión regional, y extiende la rebaja al impuesto do Transmisiones Patrimoniales, que afecta a la compraventa de casas, y a Patrimonio.

Dando por bueno que una rebaja de impuestos puede estimular la actividad e incluso generar más bases imponibles e ingresos, algo que siempre ha estado en la base programática del Partido Popular, es cuestionable el momento. Si el Estado y todas sus comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo adicional de reducción del déficit para cumplir con las metas pactadas con Bruselas, y más exigente en 2015 que el aceptado para 2014, parece complicado compatibilizarlo con una reducción impositiva tan abultada como la que anuncia Madrid. Más parece una apuesta arriesgada para agitar el debate político, dentro del PP y fuera, y tomar posiciones ejerciendo la capacidad normativa y hacerlas valer en la negociación para determinar el nuevo modelo de financiación. Pero tal iniciativa llevada al extremo, ejercitada por todas y cada una de las comunidades, situaría en tal posición las finanzas autonómicas que sería el Estado quien nuevamente debería corregir los agujeros recaudatorios de los gobiernos regionales.

Aunque la Comunidad de Madrid no ha hecho uso del socorro financiero del Tesoro para financiarse, parece poco coherente tomar decisiones fiscales, por muy a futuro que sean que pueden poner en riesgo la salud de la tesorería regional. Y desde luego carece de sentido intensificar el uso de la capacidad normativa en materia tributaria cuando un nuevo modelo de financiación debe definir qué impuestos y en qué proporción quedarán en manos de las regiones, aunque se dé también por hecho que nada de lo ya cedido será reestatalizado.

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