Editorial

Una reforma fiscal que incentive la actividad

Eurostat desveló la semana pasada que España, con un sistema tributario a grandes rasgos similar al de los socios comunitarios, recauda unos nueve puntos menos sobre PIB que ellos, con ejemplos tan chocantes como que Grecia, país sobre el que las sospechas de laxitud fiscal han estado presentes en los últimos años, ingresa más en relación a su producción. Prueba de la pérdida de eficiencia en términos de recaudación del conjunto de impuestos aplicados en España es el hecho de que las fortísimas subidas realizadas en varias figuras desde que comenzó la crisis, que acumulan las más severas subidas de impuestos de la democracia, escasamente han logrado frenar la caída de recaudación. Ni las alzas en el IVA, ni en IRPF, ni siquiera en Sociedades, donde se han eliminación un buen conjunto de deducciones, han respetado la elasticidad clásica en la factura recaudatoria. Evidentemente, en situaciones de crisis económica nada se comporta como si hubiese condiciones normales, pero la impresión general, compartida por la gran mayoría de los expertos, es que tal como está diseñado, el engranaje tributario nacional comienza a estar agotado. Pide a gritos una revisión integral.

Aprovechando la manifiesta insuficiencia del modelo para financiar el catálogo de servicios que está en manos de las comunidades autónomas, que han visto cómo la excesiva dependencia del negocio inmobiliario ha desnudado su financiación en los últimos años con la crisis inmobiliaria, y con la pintiparada circunstancia de que 2015 es un intenso carrusel electoral, el Gobierno someterá todos los grandes impuestos a revisión para lograr al menos tres cosas: disponer de recursos suficientes para financiar al Estado; dar instrumentos de las comunidades autónomas para que ajusten los ingresos a una nueva realidad de gasto, y utilizar los impuestos como la última palanca con la que movilizar el crecimiento económico cuando la recuperación esté en marcha.

Los dos últimos años el Gobierno ha hecho una reforma fiscal muy intensa, pero muy desordenada por los imperativos recaudatorios. Ha subido IVA e IRPF, en ambos casos más de lo que era deseable en un sistema no confiscatorio, y ha retocado, a veces con intensidad, hasta una veintena de veces el impuesto de Sociedades. Ahora se trata, y para ello ha puesto en marcha una comisión de expertos fiscales, de una reforma integral que con un cambio de modelo de financiación autonómica y local, aclare el papel de cada impuesto, modernizándolos y simplificándolos, eliminando una buena parte de la farragosa y costosa factura de beneficios fiscales que lastran el Presupuesto, y cuya efectividad sobre la actividad económica es más que dudosa.

En toda Europa, en todo el mundo, la imposición se ha decantado por una mayor presión al consumo, a veces con impuestos finalistas gravando actividades que dañan el medio ambiente, y a una liberación de renta personal con una rebaja en el impuesto sobre el trabajo. Eso se traduce en España en un IRPF con menos tramos, tipos más bajos y movimientos intensos en los mínimos personales y familiares. En cuanto a rentas del capital y del ahorro, se echa de menos un tipo similar para tales conceptos, independientemente de su procedencia, y con algún mecanismo de premio en caso de reinversión productiva.

La economía española sigue arrastrando un alarmante déficit de emprendimiento y de generación de negocios, y la reforma debe contribuir a corregirlo. En esta cuestión es básico el modelo que se adopte con la tributación empresarial, que debe ser sometida también a una simplificación acelerada, con limpieza de todo tipo de deducciones, salvo la reinversión y el fortalecimiento de la I+D+i, y a una reducción del tipo impositivo. Y es obligado el establecimiento de un escalón mucho más bajo en la tributación de las pequeñas sociedades, dada la estructura productiva de España, muy intensa pymes.

Todos los impuestos deben poner el foco en el estímulo de la actividad económica, puesto que si logran movilizarla, es la mejor garantía de suficiencia recaudatoria, y, por tanto, de acabar con las tensiones geográficas y con los desajustes fiscales actuales, con lo que ello supone en la recomposición del crédito y la confianza en España.

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