Una reforma que exige consenso
La hoja de ruta que maneja el Gobierno para acometer la reforma de la financiación autonómica incluye, tal y como reiteró ayer el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, tres etapas. La primera, la publicación en diciembre de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, ha provocado ya marejada política. Cataluña, que defiende que esos datos salgan a la luz, cuantificaba ayer en 9.375,7 millones de euros los supuestos “incumplimientos” del Gobierno central con la región, mientras que otras comunidades rechazan con firmeza la decisión de hacer públicos los saldos. Los motivos que esgrimen son varios: desde la diversidad de metodologías que pueden utilizarse para ello hasta el previsible uso “arrojadizo” que puedan realizar de esos datos unas comunidades autónomas frente a las otras. Una vez publicada esa información, el Gobierno prevé acometer la reforma fiscal en el primer trimestre de 2014 para culminar en el segundo el cambio del modelo de financiación autonómica.
Los argumentos del Ejecutivo para escalonar el proceso parecen razonables. Como recordaba Alonso ayer, antes de debatir cómo se reparten los ingresos “hay que determinar cómo se logran”. En ese sentido, no hay duda de que la reforma fiscal –y la optimización del sistema de recaudación y de control que debe traer consigo– es el primer paso a realizar antes de abrir el conflictivo melón que supone mejorar el sistema de financiación de las regiones.
La reforma de ese modelo constituye una vieja asignatura pendiente que hay que afrontar con enormes dosis de racionalidad y de prudencia. El sistema requiere mejoras importantes, así como su adecuación a la evolución de las circunstancias, pero esos cambios deben abordarse desde el convencimiento de que existen unos límites constitucionales y unos principios básicos –suficiencia, autonomía y solidaridad– que ningún debate político debe quebrar. Desde el entorno del Gobierno se insiste en que el objetivo es diseñar una reforma autonómica “equitativa”, un modelo de consenso que sea aprobado por unanimidad por todas las comunidades y que garantice “la equidad para todos los españoles”. Pero puntos de partida como el planteado ayer por Cataluña hacen prever que el proceso para gestar el nuevo sistema de financiación va a ser largo, complejo y tal vez amargo. Precisamente por ello, y por la especial sensibilidad política que rodea a la reforma, se trata de una materia en la que un gran pacto entre partidos ejercería de valioso elemento estabilizador. El hecho de que el diseño del nuevo modelo deba ir ligado a la reforma fiscal puede hacer muy difícil la consecución de ese acuerdo. Pero dada la trascendencia de la reforma, no debe impedirlo.