Las diputaciones no podrán prestar servicios municipales sin pacto previo
El Ejecutivo defiende que la ley es municipalista Ningún ayuntamiento será intervenido y ningún servicio quedará sin prestar
Dos días antes de que el Congreso celebre el debate de totalidad del proyecto de ley de reforma de la Administración Local, el Ministerio de Hacienda ha querido aclarar las cuestiones que más controversia están causando. En cuanto al papel que la reforma reserva a las diputaciones, éstas no podrán prestar ningún servicio antes local sin el beneplácito del ayuntamiento en cuestión.
"Esta ley es municipalista porque impide que las comunidades autónomas sigan abusando de las corporaciones a las que imponían la prestación de competencias sin pagar por ellas”. “No suprime ningún ayuntamiento y nadie va a poder gestionar fondos públicos sin rendir cuentas”. Así de tajante se mostró hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al defender el proyecto de ley de reforma local que se debate el jueves en el Congreso.
La reforma está basada en el principio de una administración, una competencia y tiene como objetivo acabar con las duplicidades y los denostados gastos impropios. Esta cuestión del reparto competencial es uno de los aspectos que más suspicacias ha generado entre la oposición, ya que los más críticos aseguran que la norma pretende usurpar funciones a los municipios en favor de las autonomías y las diputaciones.
¿Qué servicios prestarán entonces los ayuntamientos? Beteta recordó que la ley es taxativa en esta materia. “Por un lado, determina sus competencias exclusivas, aquellas que deben prestar procurando conseguir el equilibrio presupuestario. En un segundo artículo, la norma fija una relación de las competencias que la comunidad autónoma podrá delegar en un ayuntamiento de su territorio porque considere que éste va a prestar el servicio de manera más eficiente, para lo cual deberá traspasarle también la financiación con que costearlo, ya que se debe preservar el principio de estabilidad presupuestaria.
Y en tercer lugar, y solo para los municipios con superávit, serán éstos quienes podrán solicitar a su comunidad autónoma correspondiente permiso para prestar un servicio que haya detectado que ninguna otra administración está ofreciendo en su territorio.
¿Qué ocurre cuando un ayuntamiento tenga dificultades para seguir ejerciendo determinadas competencias sin incurrir en déficit? Además de elaborar un plan económico-financiero que reconduzca sus cuentas hacia el equilibrio, tendrá la posibilidad de pedir ayuda a su diputación para que sea ésta quien preste el servicio en mejores condiciones y a un menor coste o podrá iniciar el proceso de fusión con otros municipios. “Nunca la diputación podrá actuar de oficio sin el consenso previo del ayuntamiento con dificultades”, matizó el secretario de Estado.
Para determinar quién presta los servicios de manera más eficiente será clave otro de los aspectos que genera dudas del proyecto de ley: el coste efectivo. Después de las ampollas que levantó el coste estándar del primer borrador, muchos textos después se ha llegado a lo que la ley denomina coste efectivo. Una vez esté aprobada la norma, Hacienda desarrollará un reglamento en el que dará instrucciones a todas las corporaciones y entes locales sobre cómo calcular el coste efectivo de todos y cada uno de los servicios que prestan. Tendrá en cuenta las singularidades de cada territorio y deberá hacerse público cada año. La idea es que los primeros cálculos se publiquen a finales de 2014 relativos a 2013. “Para acudir a las próximas elecciones con toda la información”, zanjó Beteta.
El Gobierno negocia con PNV y CiU el apoyo a la ley
Como el objetivo es que la norma logre el mayor consenso posible, fuentes del Ejecutivo aseguraron hoy que prosigue la negociación con los principales grupos políticos, así como con la Generalitat de Cataluña y otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, para conseguir la retirada de algunas de las enmiendas a la totalidad presentadas a la reforma local.
Tanto en el caso catalán, como en el vasco, las mismas fuentes constataron que las diferencias son de carácter general, como es que la nueva norma tenga en cuenta la foralidad de los territorios vasco y navarro, y “otras son más técnicas o de matiz”. Fuentes del Gobierno reconocieron estar reuniéndose con todos aquellos partidos y administraciones que así lo han solicitado, lo que está provocando “acercamientos” en las posturas.
Por este motivo, mostraron su confianza en que en ambos casos se puedan arreglar y alguna de las enmiendas a la totalidad decaiga finalmente. Con el resto de grupos que han presentado enmiendas a la totalidad del texto que se debate mañana (PSOE, ERC y UPyD) no ha habido hasta el momento ninguna aproximación, y no se han dirigido al Ejecutivo para solicitar aclaraciones o cualquier otra documentación, explicaron las mismas fuentes. Sobre las críticas socialistas al proyecto de ley, fuentes oficiales aseguraron que parten de una tesis que no es cierta: “que ningún ayuntamiento tiene capacidad para prestar sus servicios con criterios de eficiencia”. Además, recordaron que en el texto remitido a las Cortes no aparece la palabra privatización, si bien abre la puerta a que los servicios se presten de forma directa o mediante concesión.
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