Las seis claves de la amnistía catastral de Hacienda

"Existe una realidad inmobiliaria no declarada”. Bajo esta premisa, el Gobierno aprobó en diciembre de 2012 un proceso de regularización extraordinaria que permitirá que los propietarios de viviendas se pongan al día con el Catastro abonando una tasa de 60 euros. La medida se ha bautizado, para desagrado del Gobierno, como “amnistía catastral” ya que acogerse al proceso de regularización excluye posibles sanciones futuras. Estas son las claves de este novedoso proceso:

 1 ¿Qué es el proceso de regularización catastral?

El proceso de regularización catastral es un programa ideado por el Ministerio de Hacienda que estará en vigor hasta 2016 y que permite actualizar los datos catastrales pagando una tasa de 60 euros. Es habitual que muchos contribuyentes hagan reformas en sus viviendas –desde ampliar sus casas ganando espacio al jardín hasta construir una habitación adicional en la terraza– sin notificarlo al catastro. El hecho de no declarar estos cambios relevantes a la Administración permite rebajar la factura fiscal de impuestos como el IBI y supone un fraude que puede ser sancionado con multas de entre 60 euros hasta 6.000 euros. El boom inmobiliario también propició que muchas construcciones escaparan del registro del catastro.

 2 ¿Cómo funciona la amnistía catastral?

La Dirección General del Catastro publicará periódicamente los municipios incluidos en el proceso de regularización en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto significa que los contribuyentes que quieran acogerse a la “amnistía” deberán esperar a que su pueblo o ciudad aparezca en el BOE. De momento, el Catastro publicó el pasado sábado un primer listado de 176 municipios. La intención es cubrir todo el territorio hasta 2016, un plazo que todo indica que se ampliará.

3 ¿Fórmulas para acogerse a la regularización?

El proceso se iniciará de oficio por parte de la Administración. Es decir, el Catastro comunicará las irregularidades detectadas en los pueblos incluidos en el programa de regularización. Hacienda prevé que el proceso de regularización para los primeros 176 municipios seleccionados permitirá revisar unos 36.500 inmuebles. El Ejecutivo cuenta con fotografías aéreas para detectar edificaciones o reformas no registradas. Los contribuyentes advertidos por el Catastro tendrán un plazo de 15 días para realizar alegaciones. Un contribuyente también puede por iniciativa acogerse a la amnistía. Para ello deberá presentar su propuesta de regularización y pagar la tasa de 60 euros.

4 ¿Qué ventajas ofrece este proceso?

Acogerse a la amnistía catastral blinda al contribuyente sobre futuras inspecciones y sanciones. La multa máxima por presentar una declaración inexacta o no notificar reformas relevantes en la vivienda puede alcanzar los 6.000 euros. Los expertos consideran que el proceso abierto por Hacienda supone una buena oportunidad para ponerse al día con el catastro y evitar sorpresas desagradables en el futuro.

 5 ¿Cuál será el coste fiscal de la regularización?

La regularización implicará un aumento del valor catastral del inmueble revisado y, por lo tanto, se incrementará también la base imponible de tributos como el IBI. Los contribuyentes que se acojan a la regularización deberán liquidar otra vez este impuesto por los últimos cuatro ejercicios con el nuevo valor catastral. Es decir, la Administración exigirá recalcular la cuota a pagar del IBI y abonar la diferencia con los correspondientes intereses de demora. Afecta a los cuatro últimos ejercicios ya que los anteriores se consideran prescritos. El cambio catastral también puede variar a la imputación de rentas en el IRPF. Con la excepción de la vivienda habitual, los contribuyentes tributan entre el 1,1% y el 2% del valor catastral de sus inmuebles. El impuesto sobre plusvalías, otro tributo de titularidad estatal y que se aplica al vender una propiedad, también está vinculado al precio catastral.

 6 ¿Se pueden regularizar viviendas ilegales?

El proceso puesto en marcha por Hacienda permite regularizar inmuebles que no figuran en el Catastro o presentan errores. Sin embargo, ello no incluye a viviendas ilegales que, por ejemplo, se han levantado en suelo no urbanizable.

El IBI, la tabla de salvación de los ayuntamientos

El Ministerio de Hacienda evita realizar previsiones sobre los ingresos adicionales que supondrá el proceso de regularización para actualizar los datos del registro catastral. La única certeza es que esta medida beneficiará sobre todo a los ayuntamientos, que son los que ingresan el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Este tributo, que recae sobre los propietarios de viviendas o edificios, representa en torno al 44% del total de los ingresos propios de los ayuntamientos.

Los municipios recaudan más de 11.000 millones por el IBI. Una cifra muy alejada de los 2.500 millones que aporta el impuesto de circulación o los 1.500 del impuesto sobre actividades económicas. El IBI es un tributo bastante estable ya que grava anualmente la propiedad de los inmuebles, con independencia de la situación económica. De hecho, es el único gran impuesto cuya recaudación no ha caído con la crisis económica. Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un recargo adicional en el impuesto sobre bienes inmuebles para los ejercicios 2012 y 2013, una medida que se prorrogará al año 2014.

La decisión del Ejecutivo se traduce en 1.000 millones adicionales al año para los ayuntamientos, que han sufrido especialmente la crisis inmobiliaria ya que la mayor parte de sus ingresos estaban directa o indirectamente vinculados al ladrillo. Sin embargo, los entes locales son la única Administración que logró cerrar el año 2012 con un ligero superávit.