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Para paliar los problemas de financiación los dos últimos años

El Estado ha inyectado 70.172 millones de euros de liquidez a CC AA y ayuntamientos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.J. J. Guillén (EFE)

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, afirmó este jueves que el Estado “ha dotado de liquidez” a las comunidades autónomas y las corporaciones locales, a través de distintos instrumentos, por un importe de 70.172 millones de euros en los años 2012 y 2013.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado indicó que “nunca se ha visto un esfuerzo mayor de apoyo a la liquidez y al funcionamiento de la economía de esta magnitud”. En este sentido, recordó que cuando se apoya la liquidez y se garantiza el pago a los proveedores se consigue el mantenimiento del empleo en estas empresas. Beteta destacó que, de esta manera, se demuestra el “compromiso patente” de la Administración Central con los entes territoriales, “asumiento y apoyando que son garantes de la sociedad del bienestar”.

El responsable de Administraciones Públicas subrayó que se trata de cantidades “extraordinarias”, pero “sujetas a una fuerte condicionalidad fiscal”. El objetivo, apuntó, es “garantizar la sostenibilidad de las cuentas” de los entes territoriales, para lo que desde Hacienda “articulamos una serie de mecanismos de liquidez en el año 2012.

Beteta ha asegurado también que la decisión de congelar los salarios de los empleados públicos el año que viene ha sido una medida “dolorosa, difícil y largamente reflexionada, debatida y estudiada” pero que se ha tomado porque era “imprescindible”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para dar cuente de los detalles del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 sobre su departamento, Beteta ha recordado que las retribuciones del personal público no podrán experimentar ningún incremento con respecto a su nivel a 31 de diciembre de 2013, aunque este año sí cobrarán las dos pagas extraordinarias.

“Somos conscientes de que tras la reducción del 5% de las retribuciones de los empleados públicos en mayo 2010 y la congelación sobre esa base entre 2011 y 2014, la pérdida de poder adquisitivo de los empelados públicos es importante. También somos conscientes de que tras cada nómina pública se esconde una familia que se financia con ese trabajo y que tiene que hacer esfuerzos a fin de mes. Por tanto, esta medida no ha sido fácil de tomar, en absoluto. Pero ha sido imprescindible adoptarla para conseguir los objetivos de consolidación fiscal”, ha señalado.

Además, el secretario de Estado ha confirmado que también el año que viene se mantendrá la tasa de reposición cero con carácter general en las plantillas públicas, salvo para la educación, la sanidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, que podrán reemplazar una de cada diez bajas.

Según Beteta, esta medida busca “proseguir en la racionalización de los efectivos” y ha permitido que, entre enero de 2010 y enero de 2013 se haya conseguido reducir la plantilla pública en 140.000 efectivos (-5,14%).

No obstante, el próximo año sí habrá una novedad, ya que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido suspender la obligación de todos los departamentos, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y resto de órganos públicos de “amortizar un número de plazas equivalentes a las jubilaciones”.

“Es una medida de especial relevancia, vigente en 2012 y 2013 y que, junto con lo dispuesto en 2010, determinaba que 13 las vacantes no podían ser superiores al 5% del total de puestos existentes, originando la amortización de 35.042 puestos de trabajo, lo que en términos económicos supone un ahorro de 582,3 millones de euros”, ha concluido.

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