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Columna
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Los inversores ignoran la 'cuestión catalana'

A los inversores no les gusta la incertidumbre, pero no parecen tenerle miedo en Cataluña. Las portadas de los periódicos del país están dando numerosos titulares acerca de la intención de la región española de ejercer su derecho a decidir. Pero a pesar del ruido, los inversores españoles y extranjeros mantienen la cabeza fría.

Las cifras más recientes de inversión extranjera directa en Cataluña muestran un aumento del 42% hasta los 1.700 millones de euros en la primera mitad del año –mejor que la de la mayoría de las comunidades autónomas, incluyendo Madrid–. Dos grupos extranjeros han invertido recientemente 435 millones de euros en Sabadell, el banco catalán. Los recientes informes de analistas sobre España apenas mencionan el problema de la independencia catalana y el Ibex 35 ha subido casi un 10% en septiembre.

La posibilidad de independencia parece remota. Dejando los obstáculos constitucionales españoles a un lado, Cataluña tendría que volver a solicitar la adhesión a la UE. Es poco probable que fuera admitido, ya que ello requeriría la unanimidad de los miembros de la Unión –y España se opondría–. Incluso si el nuevo país adoptara de forma pasiva el euro como moneda, como han sugerido algunas voces, no tendría un banco central y sus entidades no podrían financiarse directamente en el BCE.

La carga de Cataluña podría aumentar a más del 80% de su PIB tras asumir su parte de la deuda estatal

Existen otras trabas, entre ellas la división difícil entre activos y deuda. La carga de Cataluña podría aumentar a más del 80% de su PIB, tras asumir su parte de la deuda del gobierno central. Y, ¿que pasaría, por ejemplo, con las ayudas financieras a Catalunya Caixa? Nadie duda de que Cataluña fuera viable a largo plazo –en el improbable escenario de una separación amistosa– pero los costes de la ruptura serían prohibitivos en el clima actual.

Aun así, Cataluña sigue siendo un problema político para el primer ministro Mariano Rajoy. Su objeción a un referéndum por razones legales se suma a la frustración catalana. El presidente de Cataluña, Artur Mas, está presionando para realizar una consulta el próximo año, siempre que esta sea legal. Ambas partes no tienen muchas más opciones que negociar. Mientras tanto, los inversores deberían preocuparse más por la creciente carga de la deuda de España y la elevada tasa de desempleo, que por la posibilidad de una complicada secesión catalana.

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