Competencia acusa a la Generalitat de diseñar un cártel en el Puerto de Valencia
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por un total de más de 43 millones de euros a varias asociaciones relacionadas con el transporte de contenedores en el Puerto de Valencia por fijar los precios y repartirse el mercado en colaboración con la Autoridad del Puerto de Valencia y con la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana
La CNC indica que la investigación se inició con la apertura de un expediente el 14 de junio de 2011 contra la Asociación de Empresas de Logística y Transportes de Contenedores (Aeltc), Transcont Comunidad Valenciana (Transcont), la Asociación Naviera Valenciana (ANV), la Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados OLT (Ateia OLT Valencia), la Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos (Transconval), la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la logística (FVET), la Consellería de Infraestructuras, y Transportes de la Comunidad Valenciana y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
La incoación de este expediente se amplió el 20 de junio de 2012 a las siguientes empresas concesionarias de terminales de depósito: TCV Stevedoring Company S.A. (TCV), Marítima Valenciana S.A. y su sucesora, Noatum Ports Valenciana SAU (Noatum) y Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia S.A. (Msctv).
El Consejo considera que las asociaciones del Puerto de Valencia imputadas en este expediente han cometido una infracción “muy grave” de las normas de competencia al haber distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de “forma constante y reiterada”, mediante acuerdos para homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras prestaciones unidas al transporte e incluso de las indemnizaciones por paradas, así como la aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo.
Según Competencia, estos colectivos, para conseguirlo han llevado a cabo repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto. En cuanto a la Autoridad Portuaria de Valencia, la CNC considera que participó junto con el resto de imputados en la adopción de acuerdos y compromisos sobre la actividad del transporte de contenedores por carretera en el Puerto de Valencia relativos a la fijación de precios y condiciones comerciales, la limitación o control de flotas y el reparto de mercado. Por su parte, Competencia entiende que la Consellería desempeñó un “papel activo” en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución de un acuerdo de fijación de precios, contribuyendo “considerablemente” a su mantenimiento en vigor y, por tanto, a “restringir grave y prolongadamente”la competencia en el mercado.
Por lo que respecta a las tres concesionarias de terminales imputadas, se les reprocha la concertación con las asociaciones de transportistas para fijar el precio y las condiciones de su derecho a la indemnización por parada. El Consejo concluye que se trata de una conducta “única y continuada” que se inicia en 1998 y se extiende al menos hasta el momento de incoación del expediente (2011)
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