¿Y si el 1 de enero no subiera ningún precio?

El Gobierno quiere perpetuar la estabilidad de precios y que estos solo suban cuando esté plenamente justificado Con una economía desindexada los hogares ahorrarían hasta 700 millones en un año

La radial de peaje R-4 (Madrid-Ocaña). EFE/ArchivoEFE

Haciendo gala del trabalenguas que es ya de por si el nombre de la ley, hagamos un símil. Existe el consenso de que la economía española está demasiado indexada (todos los precios y servicios públicos se actualizan año tras año de manera automática con el IPC u otros índices como el de precios industriales).

Así que, ¿quién la desindexará? El Ejecutivo pretende aprobar una nueva norma (Ley de Desindexación de la Economía) que prohibirá y derogará todas las ordenanzas donde se incluya la actualización de precios públicos con cargo al IPC (butano, gas, electricidad o peajes, entre otros). Y es que se trata de cambiar la cultura habida hasta ahora por la que el 1 de enero tocaba cambiar de año y apretarse el cinturón; por otra forma de hacer las cosas en la que cualquier revisión de precios deba estar justificada por la evolución de los costes que afectan a ese bien o servicio y no solo por la inflación.

“En el precio de un billete de autobús, cuya tarifa está regulada, es lógico que influya el coste del combustible, pero no el precio de las lavadoras o las lechugas, que también mide el IPC”, explican fuentes del Ministerio de Economía.

El desindexador que la desindexe... Una vez que se imponga por ley en el sector público, se espera que el sector privado copie lo hecho por las administraciones. De este modo, si en el futuro cada 1 de enero ya no suben por costumbre los precios regulados en función del IPC, tampoco lo harán, por ejemplo, las rentas que pagan los inquilinos a sus caseros. La norma busca incentivar el acuerdo entre las partes. Veamos, si para el propietario de un piso en alquiler el cambio de año no le ha supuesto más costes relacionados con esa vivienda y él por su cuenta no la ha mejorado de manera que el servicio que presta (el arrendamiento) haya ganado en calidad, la renta que ha de pagarle el inquilino debería permanecer igual o con una mínima revalorización y no actualizarse conforme al IPCcomo ocurre ahora.

Buen desindexador será. Acabar con estas prácticas de subidas automáticas de precios será beneficioso para toda la economía española. Si se actualizan los precios únicamente atendiendo a lo que han hecho sus costes, consumidores y empresas tendrán acceso a esos bienes y servicios de forma más barata, luego podrán gastar más y eso, a su vez, generará más actividad y empleo.

El Gobierno ya ha estimado que con una inflación del 2%, si todos los precios regulados dejaran de referenciarse al IPC y lo hicieran con el nuevo indicador de competitividad que diseña Economía, los hogares podrían ahorrar hasta 700 millones en un año. En fases expansivas el empleo crecería un 1,05% más y el PIB un 0,41% adicional. En tiempos de crisis, ambas variables caerían menos, todo un reto.

¡Muerte al IPC, hola IGC!

El Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para diseñar el que será a partir de la entrada en vigor de la Ley de Desindexación (prevista en 2014) el nuevo índice de referencia en la actualización de los precios públicos o regulados. Se denominará Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), que está previsto que cuente con un suelo del 0% y un techo del 2%, equivalente al nivel de precios que considera óptimo en la zona euro el BCE.

Será aplicable a los precios que establecen las tres administraciones (estatal, autonómica y local) y se calculará con la fórmula del IPCA-UEM (el índice de precios de consumo armonizado de la zona euro) menos una parte de la competitividad perdida por la economía española desde 1999 hasta la actualidad, que el Gobierno calcula que es de 12 puntos. Esa x viene dada por un factor alfa, que determina la velocidad a la que dicha competitividad se debe recuperar. Para este año, fuentes oficiales estiman que ese IGC es cero. Lo publicará el INE con idéntica periodicidad que el IPC, que pese a ser tan denostado, seguirá existiendo, según confirman las mismas fuentes. Mientras los precios regulados (gas, servicio universal de telefonía o peajes) pasarán a referenciarse con ese IGC, en los contratos de obra, por ejemplo, se determinará por ley qué costes han de tenerse en cuenta a la hora de realizar la revisión de precios. En definitiva, se trata de mantener en el tiempo la estabilidad de precios y lograr la equidad en el reparto de la carga del ajuste. ¿Será el final de los sobrecostes sin justificar? Solo el tiempo lo dirá.