Ley de Desindexación de la economía

El precio del transporte público dejará de estar ligado al IPC

El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al proyecto de ley de Desindexación de la Economía Española, que se encuadra dentro del plan de reformas de la economía y que busca "evitar los efectos perversos en los precios", según ha asegurado Santamaría.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha declarado que la nueva norma busca evitar “una economía con rigidez de precios”, dado que en su opinión es “una economía menos resistente a los shocks externos y se dificulta la creación de empleo”. Guindos ha recalcado que se trata de una "ley importante porque cuanto menso indexada esté la economía, mayor capacidad de crecimiento tendrá ésta". Además, ha apuntado que la indexación de precios afecta al 7% de la cesta del consumo de las familias españoles, por lo que 35.000 millones de euros que dejaran a partir de ahora de estar ligados al IPC. 

La nueva ley “pretende romper la desindexación de rentas, subsidios, contratos públicos…” que afectan a las concesiones administrativas, al precio de la bombona de butano, a los billetes de transporte público, el agua, o los contratos públicos.

La desindexación de los precios al IPC no se aplicará, según ha recalcado Guindos, a las pensiones ni a los salarios de los funcionarios, pero sí que afectará a los precios de los servicios públicos o los subsidios. Una desindexación que será utilizada para "todos los nuevos contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de la ley", ha recalcado el ministro de Economía, y tendrá además un carácter retroactivo para los servicios públicos, pudiendo el prestador del servicio desistir del mismo-

La ley de desindexación también tendrá aplicación en el sector de telecomunicaciones, afectando solo a la cuota de abono que pagan los usuarios a las compañías telefónicas.

Guindos ha anunciado además la creación de un índice de garantía de competitividad, que podrá ser utilizado por el sector privado y que será de utilización obligatoria cuando carezcan de un índice concreto para evitar así la pérdida de competitividad de las empresas españolas.


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