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La vivienda habitual no será tomada en consideración

Andalucía ligará las ayudas públicas a la renta y al patrimonio

El anteproyecto puede estar aprobado en seis o siete meses Establece multas de hasta 6.000 euros para los ciudadanos que falseen datos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

La Junta de Andalucía ampliará los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas, de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas. “Se pretende así evitar el fraude social y ajustar estos procedimientos para que quienes tengan más, contribuyan en mayor medida a las arcas públicas”, según anunció la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero.

Esta medida está incluida en el anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, y no crea ni elimina ni modifica ningún impuesto. “Muchos de los beneficios públicos de la comunidad se conceden a través de un baremo donde la parte fundamental son los ingresos y la renta familiar, algo que no siempre da fe de la realidad de la situación económica de los solicitantes, que pueden tener también patrimonio o tierras que ahora no se ponderan, apuntó la consejera.

Tras precisar que no se considerará la vivienda habitual de la familia como patrimonio a valorar, Montero advirtió que la “tergiversación” de los datos de la renta o el patrimonio por parte de los solicitantes dará lugar a sanciones que oscilarán entre los 75 y 6.000 euros, según establece ya la Ley General de Subvenciones, a la que remite esta iniciativa a la hora de imponer multas. También se podrá exigir la devolución de la ayuda recibida indebidamente, impedir que se pueda concurrir a nuevas subvenciones, contratar con las administraciones públicas o de actuar como organismo colaborador de las mismas en plazos que varien entre uno y cinco años.

La Junta prevé que el anteproyecto pueda llevarse al Parlamento en un plazo de “seis o siete meses”, una vez pasado el trámite de audiencia pública con sectores implicados como notarios o registradores.

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