Prevé ahorrar 1.500 millones por la desaparición de 708 compañías
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Ejecutivo anuncia que liquidará otras 193 empresas públicas autonómicas

Andalucía, con 125 menos, es la que más empresas públicas ha disuelto

Murcia pasa de tener 100 a 36 firmas en dos años.

En la inauguración de unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Deloitte sobre las “Reformas y eficiencias del sector público”, la vicepresidenta señaló que una vez que se ha cumplido el objetivo de suprimir 515 sociedades mercantiles (en muchos casos la disolución se ha firmado, pero no se ha ejecutado) creadas por las comunidades autónomas, “en una siguiente fase se amplía este número a 708, lo que permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros”.

El compromiso inicial de 515 firmas se adoptó en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 22 de marzo de 2010, y su cumplimiento se ha retrasado por la celebración de elecciones autonómicas en 2011. Esa cifra se ha visto ampliada a 708 firmas. El mayor ajuste en términos cuantitativos lo ha realizado Andalucía, con la supresión de 125 empresas públicas, mientras que en términos cualitativos, el esfuerzo más importante ha sido de Murcia, que ha pasado de tener 100 empresas públicas a contar con tan solo 36 (un 64% menos).

Sáenz de Santamaría destacó la necesidad de que en tiempos de bonanza no se vuelva a repetir la situación vivida y por eso anunció que se va a poner en marcha una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de manera que se establezca un “sistema muy riguroso para la creación de organismos públicos por cualquier administración”. Cuando una Administración quiera crear un organismo de este tipo deberá justificar la suficiencia de los ingresos y periódicamente tendrá que contar con la sostenibilidad financiera necesaria para llevar a cabo sus funciones.

La vicepresidenta también recordó las dificultades que persistían hasta este momento para disolver determinados consorcios. “No había forma legal”, aseguró. Sáenz de Santamaría recordó el anunció realizado en el último Consejo de Ministros, en el que se avanzó que se procedería a la disolución, liquidación, fusión o conversión de otro superior de 67 organismos de la Administración General del Estado. “Este anunció ha permitido en términos netos la desaparición de 53 de ellos” dijo.

En su intervención, la vicepresidenta ha reconocido que el Gobierno ha “copiado” el funcionamiento de las empresas privadas, de sus estructuras, su funcionamiento, gestión de medios y servicios comunes, y en este sentido se refirió a las centrales de compras. “No solo se llevarán a cabo con las vacunas, sino que se ampliarán a servicios como la luz o la limpieza, que hasta ahora eran contratados por cada ministerio y nos lo cobraban más caro”, subrayó. Así, puso como ejemplo el ahorro del 65% obtenido por el Ministerio de Presidencia con la gestión centralizada del mantenimiento de ascensores o del Ministerio de Interior tras reunificar todos su contratos de energía (siete millones de euros sobre un presupuesto total de 40 millones).

La supresión de los entes autonómicos o la centralización de compras son dos de las medidas más avanzadas dentro de las propuestas del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). En este texto se detallaban hasta 218 medidas para la racionalización de las administraciones y el menor gasto público. De ellas, 15 están finalizadas, 22 se encuentran en fase final, 90 en fase media de ejecución y otras 82 en fase inicial.

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