Editorial

Un modelo sostenible de obra pública

La declaración en concurso de acreedores de la Autopista del Henares (Henarsa), más conocida como R-2, supone el último eslabón de una cadena de quiebras que se ha extendido ya a todas las autopistas radiales de Madrid. En plenas negociaciones entre el Ministerio de Fomento y las empresas concesionarias para encontrar solución a la difícil situación que atraviesa el sector, la autopista de peaje que une Madrid y Guadalajara ha sido la última en declararse en concurso con una deuda de más de 400 millones de euros. Explotada por Henarsa y participada por ACS, Abertis, Acciona y Bankia, la R-2 perdió en el último ejercicio 16 millones de euros tras una mala evolución que la concesionaria atribuye a “variaciones significativas” respecto a sus previsiones de negocio. Unas variaciones que incluyen sobrecostes en las expropiaciones de terrenos, mayores costes de las obras de construcción de la vía debidos a modificaciones del proyecto inicial y tráficos significativamente inferiores a los estimados.

Más allá de las dificultades financieras que todos estos concursos han provocado en las concesionarias –que tienen un cuadro clínico idéntico–, la difícil situación de las vías de peaje constituye una amenaza –una más– para las maltrechas arcas públicas del Estado. Todo el proceso de negociación abierto con el Ministerio de Fomento está dirigido a evitar que los procesos de suspensión de pagos terminen en liquidaciones. Un final que para el Estado, como responsable patrimonial, supondría un coste extra que en estos momentos resulta aún mucho más perjudicial asumir. Para evitarlo, entre las soluciones que se barajan figura la posibilidad de crear sociedades mixtas que faciliten la entrada de capital público en las concesionarias y eviten que los concursos terminen en liquidación.

Del argumentario vertido por Henarsa en sus cuentas se deduce que buena parte de las dificultades que han llevado a la concesionaria a concurso tienen que ver con una planificación inexacta tanto de los costes como de los posibles ingresos generados por la vía. En el caso de estos últimos el estallido de la crisis económica ha supuesto sin duda un factor de desequilibrio financiero determinante. Pese a la necesidad de buscar una solución que evite una cascada de liquidaciones que no beneficiaría a nadie, lo ocurrido en este segmento de infraestructuras refleja, entre otras cosas, los errores e ineficiencias que han guiado numerosas políticas del sector público en los últimos años. Además de arbitrar una salida financiera, es hora de abordar de forma seria un cambio de modelo de la obra pública en España que incluya criterios de eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad cuya vigencia vaya más allá del corto plazo. De lo contrario, los errores de ayer volverán a repetirse mañana.

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