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El nuevo directivo público

La actual crisis económica ha sido examinada desde diferentes ángulos. Hemos leído análisis y estudios de diversa índole, que concluyen en la necesidad de emprender una transformación radical (de raíz) de la actividad económica, política e institucional del país. En el ámbito de la economía y la empresa, se han dado pasos importantes y se observan ya resultados: se ha mejorado el déficit por cuenta corriente, se han mejorado las exportaciones y se han abierto nuevos mercados. Son buenas noticias, pero necesitamos que la arena política se transforme en la misma medida. Conocemos las carencias: rendición de cuentas, transparencia o modernización del sistema político. En tiempos de crisis, se necesitan nuevos directivos públicos que sean capaces de liderar el cambio y transformar la administración.

Antonio Núñez Martín (@ANunezMartin), director de Políticas Sociales del Gabinete del Presidente del Gobierno y ex profesor de IESE, ha publicado El nuevo directivo público. Claves de liderazgo para la gestión pública, un libro extenso y detallado, rico en bibliografía y con propuestas concretas para la mejora de la formación de los directivos públicos. No se trata de un compendio o un manual teórico, sino de un libro que llama a la adquisición de habilidades para la acción, el desarrollo de actitudes concretas y conocimientos técnicos.

El primer requisito para la modernización de la dirección pública española es el establecimiento de un marco conceptual de referencia y una definición más clara de quién es este directivo. No basta el enfoque del derecho administrativo, sino que es necesaria la adquisición y el desarrollo de nuevas funciones: la capacidad de formular un propósito, la comunicación de los objetivos y la motivación de las personas del equipo (p.82). Este enfoque se contrapone a la literatura clásica sobre dirección pública, que reduce (o directamente no cuenta con) las páginas dedicadas a la gestión.

El nuevo directivo público entronca con las ideas de Henry Mintzberg (1973). El profesor canadiense establece que el ejercicio directivo consiste en el desarrollo de "habilidades" antes que en el conocimiento de un corpus cerrado de teoría o leyes científicas (p.25). También Silguy (p.91) considera más adecuado el término "competencias" para referirse a las particularidades del directivo público. Estas particularidades comprenden "mayor complejidad, pluralidad y ambigüedad de los objetivos, dificultades para aplicar indicadores de gestión y relevancia de los criterios políticos y de equidad" (p.97).

La inclusión de estas habilidades y competencias debería conducir a la profesionalización de la gestión pública, como ya sucede en prácticamente todos los países de nuestro entorno. La profesionalización no es un antídoto contra la corrupción, pero sí dificulta la arbitrariedad y el nepotismo. Esta tendencia a la "managerialización" (p.115) solo es posible si se concatenan tres condiciones: la estabilidad, el prestigio y la evaluación. La estabilidad responde a la necesidad de poder plantear y ejecutar estrategias a medio plazo, sin la orientación al resultado a corto plazo. La estabilidad no está reñida con la velocidad del cambio. El prestigio se construye y se cimenta sobre una actividad política e institucional independiente. Por eso, es necesario adelgazar la administración en lo correspondiente a agencias, fundaciones y empresas públicas vacías de competencias, pero repletas de nombramientos. Así se desintegra el prestigio. Este componente es preceptivo es cargos cuyo impacto en la vida pública es relevante. No procede el juego de intercambio de fichas. Por último, la evaluación es una máxima constante en la nueva dirección pública. La rendición de cuentas, la explicación y el detalle de cómo o por qué se toman las decisiones que nos afectan a todos tiene que ser una prioridad del directivo público. No puede escudarse en "decisiones técnicas" o "decisiones políticas", porque devalúa su función en la organización. La rendición de cuentas valida las decisiones y exige la asunción de responsabilidades.

Con estos fundamentos, la propuesta de Núñez Martin es novedosa y necesaria. Urge reformar la administración española y orientarla hacia el siglo XXI. El diagnóstico "permite identificar tres ámbitos clave de la función directiva pública, relacionados con la dimensión estratética, la gestión técnica y la gestión de personas en las organizaciones" (p.117). Pues bien, ahora es tiempo de trabajar.

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