La Comunidad de Madrid quiere aprovechar la bajada de la prima de riesgo y ha solicitado al Gobierno central que le autorice “con urgencia” a emitir 689 millones de nueva deuda. Este importe es la diferencia entre el objetivo de déficit fijado en un primer momento para la Comunidad de Madrid (0,7%) y el nuevo umbral concedido en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (1,07%) celebrado el pasado mes de julio.
La comunidad presidida por Ignacio González no ha precisado recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que puso en marcha el Gobierno para rescatar a los territorios que no tienen acceso a los mercados. En principio, Madrid no debería tener problemas para encontrar esos 689 millones entre la banca y los inversores. En cualquier caso, el Tesoro obliga que el coste financiero no puede superar los 100 puntos básicos del interés que se exige para un bono soberano a diez años.
Fuentes del sector reconocen que este límite que en un primer momento fue criticado por las comunidades ha resultado beneficiosos ya que obliga a los bancos a rebajar el interés requerido por deuda autonómica si están interesados en cerrar una operación.
En cualquier caso, comunidades como Cataluña, Andalucía, Baleares o Comunidad Valenciana todavía tienen la puerta de los mercados financieros cerrados y, por lo tanto, su fuente de liquidez procede del Gobierno central a través del FLA. Si bien el coste de financiación es muy inferior al de mercado, recurrir al FLA implica aceptar la supervisión y la tutela del equipo técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro.
Este es uno de los motivos que explica que comunidades como la madrileña prefieran recurrir a los mercados antes que aceptar la ayuda estatal. Entre el cuarto trimestre de 2012 hasta el primero de 2013, el fondo de liquidez autonómico ha prestado 19.884 millones a las comunidades.
El 42% de este importe (8.385 millones) ha beneficiado a Cataluña, seguido de la Comunidad Valenciana (4.312 millones) y Andalucía (3.317 millones). A esta cifra, deben sumarse los 17.689 millones del fondo estatal para que las comunidades pagaran a sus proveedores.
