SG prevé que la banca española salve 29.000 millones de activos fiscales
Los principales beneficiarios serán Sabadell, Bankia y Caixabank.
El cambio radical que la nueva regulación de Basilea III, que entra en vigor el próximo 1 de enero, impone sobre los activos fiscales diferidos –conocidos como DTA_por sus siglas en inglés– se ha convertido en serio quebradero de cabeza para la banca española y en un decisivo elemento para los inversores a la hora de valorar al sector.
La nueva regulación establece que esos activos dejen de contabilizarse como recursos propios de máxima categoría y marca un plazo de diez años hasta su total desaparición a efectos de core capital, con descuentos progresivos del 10% anual. Esto supone un tijeretazo de 45.000 millones de euros para la banca cotizada española y, si bien el calendario para el recorte sería gradual, el mercado ya ha comenzado a juzgar a las entidades como si la entrada en vigor de esa regulación fuera a ser inmediata en toda su extensión.
Sin embargo, el propio sector confía en alcanzar un próximo acuerdo que permita mantener el actual régimen contable de los DTA, si no en su totalidad, al menos en parte. Y las firmas de análisis también comienzan a considerar un impacto de esta exigencia regulatoria menor de lo previsto en principio.
Société Générale calcula en un informe que la banca cotizada española conseguirá mantener como recursos propios de primera categoría activos fiscales diferidos por importe de 29.000 millones de euros, después de una solución parcial por el que este régimen se mantendría para las provisiones genéricas. Esta estimación tendría como principales beneficiarios a Sabadell, Bankia y Caixabank.
La banca repunta en Bolsa
La expectativa de acuerdo sobre los DTA estuvo de hecho detrás del fuerte repunte bursátil registrado ayer en Bolsa por la banca española. En una sesión anodina típica del mes de agosto, Sabadell ganó el 6,47%; Popular el 5,36% y Caixabank, el 3,42%.
La firma francesa, que señala que el reconocimiento de los DTA como core capital sería de hecho “la primera noticia positiva para el sector en años”, también advierte que el ratio de capital básico al que deben aspirar las entidades financieras españolas para poder compararse con las europeas de acuerdo con las exigencias de los inversores es el 10,5%, una vez filtrados los posibles efectos de Basilea III.
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