La CNE dictamina la orden de peajes eléctricos que entra en vigor el día 1
El consejo de la CNE aprobó la semana pasada el dictamen sobre la orden de peajes que se revisarán en agosto, en el que discrepa con Industria sobre la previsión de caída de la demanda. El regulador aprobará esta semana otros tres o cuatro dictámenes de otras tantas normas de la reforma eléctrica. El resto, en septiembre.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) celebró la semana pasada dos consejos de administración (además del habitual de los jueves, otro extraordinario el día antes) y volverá a reunirse de nuevo mañana martes y el miércoles. La avalancha de normas que integran la reforma eléctrica y que tiene que dictaminar el regulador energético le ha llevado a una frenética actividad.
Por ahora, la CNE ha aprobado el informe sobre la orden ministerial por la que se revisarán los peajes eléctricos a partir del 1 de agosto y que supondrá una subida media del 8% de esta parte regulada de la factura. Los nuevos peajes descuentan, por el lado de los costes, los recortes de la retribución de las empresas aprobados en el RDL de medidas urgentes, de lo que se deriva ya una suficiencia de ingresos.
La CNE dice no contar con elementos para valorar si se producirá este año un superávit de tarifa de casi 19 millones de euros, tal y como figura en la propuesta de orden. Y que desconoce cómo ha calculado el ministerio que el recorte de las primas del régimen especial será de 750 millones y que alcanzarán este año los 10.000 millones de euros (900 millones más de los previstos en los peajes de enero). Lo que finalmente se retribuya a las tecnologías verdes va a depender de los estándares que se apliquen para cada tecnología, que aún no se han elaborado.
Por otra parte, aunque Industria ha corregido a la baja la previsión de la demanda de electricidad para este año (que pasa del -1,1% previsto inicialmente al -2,4%), el organismo regulador cree que será aún menor. Esto reduciría los ingresos por peajes.
Respecto al cambio de la estructura del recibo de la luz, donde a partir de ahora aumenta su ponderación el término fijo y baja el del consumo, la Comisión considera que esta medida habría requerido de un informe previo. Aunque el regulador está de acuerdo con el planteamiento, discrepa en que se incluyan todos los costes (únicamente los de la distribución y el transporte) para determinar dicho peso.
Además de los peajes, el regulador quiere aprobar esta semana las normas más urgentes del amplio paquete de la reforma: la orden sobre retribución de la distribución y el transporte para el segundo periodo de 2013 y la orden sobre utilización del gas en las plantas termosolares, necesaria para cerrar las liquidaciones de 2010.
El consejo de la CNE también tendrá que aprobar esta semana el dictamen del anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, que deberá ser informado también por el Consejo de Estado antes de su remisión a las Cortes por parte del Gobierno.
Las empresas afectadas llevan más de una semana preparando comentarios o alegaciones a las distintas normas a través del consejo consultivo de la electricidad de la CNE, para lo que han contado con escaso margen. De hecho, algunos de los plazos han vencido. Las alegaciones de la mayoría de las normas se presentaron el viernes. Hoy termina el plazo fijado para alegar sobre la orden de interrumpibilidad, que afecta a la gran industria; mañana otros cuatro reales decretos (renovables, autoconsumo, hibernación y sistemas extrapeninsulares) y el miércoles, el de comercialización y la resolución sobre el nuevo modelo de factura de la luz.
Industria envía por primera vez una ley al regulador
Las empresas, las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores representadas en el consejo consultivo de privatizaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE)podrán hacer alegaciones no solo a la docena de decretos y órdenes ministeriales que componen el paquete de la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno, sino también al anteproyecto de ley del sector.
Algo que ha sorprendido porque, al no ser preceptivo y solo voluntario, nunca hasta ahora se había enviado al regulador energético una norma con rango de ley para su dictamen. Este mismo año, el Gobierno ha aprobado una ley, aún en trámite parlamentario, sobre los sistemas eléctricos extrapeninsulares que no ha pasado por el consejo de la CNE.
Pese a que la medida ha sido recibida con satisfacción en el organismo, no han faltado quejas sobre la estrechez de los plazos: el de alegaciones terminó el viernes y el informe del consejo debe aprobarse en los consejos previstos el martes y el miércoles.
Además del anteproyecto de ley, que deberá pasar después por el Consejo de Estado antes de ser enviado al Parlamento, la CNE dictaminará también esta semana al menos dos órdenes ministeriales (la de peajes se aprobó la semana pasada y se ha devuelto ya a Industria). Se trata de las más urgentes y de carácter económico. El resto de textos legales se analizarán, muy probablemente, a partir de la segunda quincena de agosto. La CNE tiene de plazo para completar su trabajo hasta finales de septiembre, ya que su desaparición está prevista hacia esa fecha. A principios de octubre se constituirá el consejo de la nueva Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sobre la firma