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El Gobierno aprueba la reforma local

Más dinero para los ayuntamientos que se fusionen

Hacienda limita el salario de los alcaldes y concejales, así como el número de asesores Todos los municipios deberán hacer público cuánto les cuesta prestar sus servicios a los ciudadanos

GRA130 MADRID, 26/07/2013.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha tenido lugar hoy en La Moncloa en el primer día de luto oficial decretado por el descarrilamiento de un tren en Santiago de Compostela.
GRA130 MADRID, 26/07/2013.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha tenido lugar hoy en La Moncloa en el primer día de luto oficial decretado por el descarrilamiento de un tren en Santiago de Compostela.Ballesteros (EFE)
Raquel Díaz Guijarro

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció el viernes que el Gobierno incentivará la fusión voluntaria de ayuntamientos. La manera de hacerlo será otorgando más dinero a los municipios que así lo decidan. Además, la reforma de la Administración Local sustituye el polémico coste estándar de los servicios por el coste efectivo.

Una de las principales novedades que incluye el proyecto de ley para la reforma de la Administración Local que aprobó el viernes el Consejo de Ministros es que a partir de su entrada en vigor, los ciudadanos podrán conocer el coste que tiene para su ayuntamiento prestar los servicios que reciben. Montoro explicó que se trata del conocido como “coste efectivo” de los servicios, en lugar del polémico “coste estándar”. Este último pretendía determinar para un mismo servicio, como el abastecimiento de agua, un coste fijo predeterminado y que los municipios que no pudieran prestarlo a ese precio, tuvieran que ceder la competencia a una administración superior, normalmente la diputación.

Esta circunstancia había levantado ampollas entre los grandes grupos de la oposición, que interpretaron la iniciativa como un intento de usurpar competencias a los ayuntamientos. El Consejo de Estado también había cuestionado su constitucionalidad, por lo que el Ejecutivo decidió retirar ese concepto por el de “coste efectivo”.

Una vez sea aprobada la reforma, que a partir de septiembre inicia su trámite parlamentario, todos los ayuntamientos tendrán la obligación de publicar el coste que para ellos tiene prestar servicios como el alumbrado público, la retirada de basuras y limpieza viaria o el abastecimiento de agua en el plazo de tres meses. Cuando sean conocidos esos costes, (que además permitirán comparar qué ciudad ofrece el servicio más barato) si éstos son demasiado elevados, podrán ser asumidos por la diputación correspondiente, siempre y cuando brinde ese servicio a un coste menor.

Competencias impropias

De esta manera, Montoro destacó que se acaba con las competencias impropias de los ayuntamientos, se evitan las duplicidades, las ineficiencias y se respeta la “la autonomía municipal plena”. Y todo ello con el objetivo de lograr un ahorro de más de 8.024 millones de euros en el periodo 2013-2019. Una vez corregida esta polémica, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas se mostró confiado en que la reforma logre el mayor consenso político posible durante su tramitación parlamentaria. Otra de las novedades que fueron incluidas en el documento que ahora se remite a las Cortes es que el Gobierno se compromete a incentivar a los ayuntamientos que propicien su fusión voluntaria para evitar la dispersión administrativa que, a su juicio, es muy costosa.

En cuanto a otro de los cambios cruciales que introduce la norma, el relativo a los salarios de alcaldes y concejales, el texto aprobado el viernes no incluye cambios de calado. Establece qué políticos no podrán tener dedicación exclusiva, así como “horquillas de corte” salariales para los trabajadores que desempeñan servicios públicos. Así, los alcaldes de localidades de menos de 1.000 habitantes no tendrán asignado un salario. Se calcula que aproximadamente el 80% de los ediles dejará de percibir un sueldo. Pese a este recorte, Montoro aprovechó para recordar que los municipios españoles no están causando el déficit, ya que hay más de 4.000 que están en equilibrio o tienen superávit.

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Sobre la firma

Raquel Díaz Guijarro
Es jefa de Empresas en Cinco Días. Especializada en economía (inmobiliario e infraestructuras). Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Cinco Días. Previamente trabajó en Antena 3 Radio, El Boletín, El Economista y fue directora de Comunicación de Adif de 2018 a 2022. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense.

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