La reforma eléctrica, ese cataclismo

Si lograr enfadar a todo el mundo fuese sinónimo de acierto, sin duda alguna, el Gobierno ha conseguido pleno con su reforma eléctrica. Tras una dura digestión de reglamentos que han ido goteando día a día la semana pasada tras la presentación de las líneas generales y la entrada en vigor del RDL que incluye fuertes recortes a las empresas y el bolsillo de los consumidores, la letra pequeña de la reforma pinta un panorama más desolador del previsto.

Si en un primer momento pudo resultar encomiable que el Gobierno lograse abordar “la definitiva”, como la calificó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la reforma que “no se ha casado con nadie”, en palabras del ministro titular de Industria, José Manuel Soria, y que se ha mantenido en secreto hasta el último día, algo de lo que se jacta el secretario de Energía, Alberto Nadal, padrino de la criatura, como si secretismo equivaliese a victoria, lo imprevisible de su contenido no augura nada bueno.

De momento, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), un organismo que desaparecerá a finales de septiembre por deseo del Gobierno del PP, no ha puesto ningún reparo, para sorpresa de muchos, para dictaminar hasta esa fecha la avalancha de reglamentos que Industria ha descargado en su ventanilla: seis reales decretos (el de regulación de las renovables; de autoconsumo; de suministro y bono social; los de metodologías de la distribución y transporte y los de pagos por capacidad e hibernación); dos órdenes ministeriales (de revisión de los peajes y el servicio de interrumpibilidad), así como una resolución sobre el nuevo modelo de factura de la luz. Tal cantidad de informes en tan poco tiempo podría conducir inevitablemente a defectos de forma en el trámite, que ya miran con lupa los abogados de los afectados.

La reforma solo mira al pasado, sin señal alguna para la inversión

El punto débil de la reforma eléctrica es que “solo mira al pasado y no ofrece señal alguna sobre el futuro”, dice un experto en referencia a cualquier posibilidad de inversión y a lo que parece una vuelta al viejo modelo del marco legal y estable y los CTC. Como este marco, la nueva regulación de las renovables garantiza un precio de mercado que, si fuese necesario para cubrir los costes, se completará con una compensación (como los polémicos CTC). Por otra parte, castiga la inversión en infraestructuras de redes frente a la generación (no hay cambio alguno en el funcionamiento del mercado), de la que se augura sobrecapacidad durante años.

Pero la cuestión jurídica más peliaguda de la reforma Soria-Nadal es la supuesta retroactividad del nuevo sistema de retribución de las renovables (el régimen especial pasa a mejor vida), que supone la desaparición de la primas y la garantía de una rentabilidad que tendrá en cuenta toda la vida regulatoria de las instalaciones y, por tanto, penaliza a las plantas más antiguas (fundamentalmente, eólicas) y favorece la ineficiencia. Tras los primeros análisis, los abogados se dividen en dos: los que consideran que, pese a tratarse una medida muy lesiva, no es retroactiva y los que piensan que difícilmente el Tribunal Supremo va a admitir que no haya retroactividad en un mecanismo que, de hecho, supone “una reliquidación” de los ingresos de las plantas desde su puesta en marcha. Si bien las afectadas no podrán recurrir el RDL que incluye los recortes, sí llevarán al Alto Tribunal el RD que los regula.

La cuestión jurídica más peliaguda de la reforma Soria-Nadal es la supuesta retroactividad del nuevo sistema de retribución de las renovables 

Pero no todo son fracasos para el Gobierno, que sí ha logrado enfrentar y dividir a los distintos sectores. Todos se sienten discriminados respecto al vecino y más perjudicados que los otros. Las grandes eléctricas porque la rentabilidad de las redes es menor que la de las renovables, algo que estas niegan estas, pues calculan el 7,5%, que es antes de impuestos y sin que se les garanticen los costes financieros, se reducirá a la mitad; las plantas veteranas contra las de reciente instalación; las que cuentan con ciclos combinados porque el sistema de hibernación es la propuesta de la CNE “emponzoñada” y las fotovoltaicas porque el pago de un peaje de respaldo supone la puntilla del autoconsumo. Y así, sucesivamente.

Mención aparte merece el nuevo sistema de bono social, que, según el secretario de Energía, estaría a partir de ahora ligado a la renta. Una medida digna de aplauso que el RD sobre suministro se ha ocupado de desmentir: y es que lejos de corregir la falta de equidad de la tarifa social que implantó el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, la empeora. Además de una renta mínima de 10.800 euros, para disfrutar del bono social el usuario debe reunir también los requisitos que exige el actual sistema (mayores de 60 años con pensión mínima; familias con todos los miembros en paro, tener menos de 3 kW de potencia y familias numerosas). Justo ahora cuando el Gobierno impone a las eléctricas la financiación del bono, este se reducirá de manera radical. Además de dejar fuera a la mitad de los actuales beneficiaros (unos tres millones) y de no admitir a nadie que no lo tuviera ahora, el descuento se reduce en casi un 4%.

Otro engaño a resaltar es el de la subida de los peajes de agosto, que el Gobierno cifró en un 6,6%. Este porcentaje resulta de tener en cuenta el volumen a subir (unos 900 millones), pero no por kW, que se traduce en un alza superior al 8%. También el de la subida del término de potencia del recibo respecto al consumo, que Nadal vendió como una medida social que penalizará a las segundas viviendas, cuando en realidad supone un incentivo a los grandes consumos frente a los hogares modestos no considerados vulnerables y un castigo a la tan cacareada eficiencia energética.