Los siete errores capitales del magistrado Silva

La querella se ha presentado en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El juez Elpidio José Silva. EFE/ArchivoEFE

La Fiscalía acaba de presentar una querella contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa', al considerar que podría haber cometido un delito de prevaricación, por un continuado "retardo malicioso" en el proceso, así como "dos delitos contra la libertad individual", por el encarcelamiento de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. La querella se ha presentado ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Audiencia de Madrid ya había anulado el 19 de junio la instrucción realizada por el juez Silva por al considerar que había convertido indebidamente el proceso contra Miguel Blesa en una “causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos”.  `

El escrito presentado por el Ministerio Fiscal critica con dureza la mayoría de las decisiones adoptadas por el juez Silva en la investigación del crédito concedido por Caja Madrid al grupo Marsans (propiedad del expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán) y de la compra del banco de Florida City National Bank, por parte de Caja Madrid:

1. La reapertura del caso

El fiscal Manuel Moix Blázquez considera que Silva no argumentó correctamente la decisión de reabrir el caso del crédito de 26 millones a Marsans. El propio juez había decidido el archivo de la causa en 2011, pero decidió retomar las investigaciones "sin que se hubiera generado dato nuevo alguno que justificase la reapertura de las actuaciones".

El Ministerio Público recuerda que los sucesivos autos de reapertura del caso fueron declarado nulos por la Audiencia Provincial al considerar que no estaban suficientemente fundamentados.

2. Los correos electrónicos de Blesa 

El fiscal también considera que el juez Silva cometió un delito de intervención ilegal de las comunicaciones al pedir a Bankia (grupo financiero en el que quedó integrada Caja Madrid y tras su fusión con otras seis cajas) la remisión de todos los correos electrónicos que se intercambiaron Miguel Blesa y sus directivos en relación al grupo Marsans. El juez pidió correos de un periodo de siete años, algunos de los cuales salieron a la luz pública, vulnerando el derecho a la intimidad del banquero.

Silva también llegó a solicitar a la Policía que le enviase un informe con todas las salidas y entradas de Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán del territorio español.

3. Infundada adopción del secreto de actuaciones

La Fiscalía estima que el auto en el que Elpidio José Silva decretó el secreto de las actuaciones fue desproporcionado y "no tenía otra razón de ser que el fin perverso de limitar la intervención de las defensas en el procedimiento, puesto que no existía motivo legal alguno para adoptar semejante medida que, aunque temporal, es restrictiva del derecho de defensa". 

El fiscal también critica que el juez Silva dilatase sin justificación los recursos interpuestos por los abogados de la defensa contra esta medida.

4. Ampliación de la investigación a la compra del banco de Florida

El Ministerio Público cree que Elpidio José Silva también actuó de forma contraria a Derecho al "asumir de modo torticero el conocimiento de la denuncia por la adquisición del City National Bank of Florida". Según relata el fiscal, después de la entrega de un informe del Banco de España donde se investigaba esa operación, el juez decidió abrir una causa separada "en lugar de remitirla al Juzgado Decano para su reparto, y ello a pesar de ser consciente de la carencia de conexidad alguna entre dicha operación de compra y los hechos denunciados en origen, que él mismo ya había sostenido, para lo que a través de razonamientos alambicados y forzados".

5. Admisión ilícita de la personación de Manos Limpias

Tras la reapertura del caso, Manos Limpias decidió mantenerse en la causa como acusación popular (que permite a colectivos no directamente afectados por el delito personarse en procesos penales). Sin embargo, el juez Silva decidió que Manos Limpias tuviera la condición de acusación particular (reservada a personas que se han visto perjudicadas por el presunto delito).

El fiscal considera que Silva tomó esta decisión (posteriormente censurada por la Audiencia) porque sabía que siendo acusación popular el sindicato Manos Limpias no tenía legitimación suficiente para denunciar la comisión de un delito societario, por lo que el juez "ilícitamente procedió a transmutar su condición de parte, para así poder continuar una instrucción que en Derecho le estaba total y absolutamente vedada".

6. Apertura de diligencias contra el abogado de Blesa

Silva abrió un nuevo procedimiento contra Carlos Aguilar Fernández, abogado de Blesa, por un supuesto delito de obstrucción a la justicia, y en esas diligencias decidió tomar declaración al banquero como testigo de ese delito, una actuación que vulneró de forma "clamorosa" los derechos que tenía Blesa en su condición de "imputado", como la posibilidad de no declarar contra sí mismo.

7. Errónea decisión de encarcelar al banquero

Entre los diversos errores formales que cometió Elpidio José Silva al decretar el ingreso en la prisión de Soto del Real de Miguel Blesa, la Fiscalía destaca la incogruencia de que el un primer auto decretó su encarcelamiento eludible prestando fianza (que el banquero presentó y que le permitió salir de la cárcel), y posteriormente su encarcelamiento sin fianza, sin que hubieran cambiado las circunstancias del caso.

Estas actuaciones "radicalmente contrarias a derecho" dieron lugar a la ilícita privación de libertad de Miguel Blesa en dos ocasiones y "fue consecuencia directa de aceptar como parte acusadora al Sindicato Colectivo Manos Limpias".