La ralentización de obras ferroviarias pone a la ingeniería contra las cuerdas

Los contratos de supervisión suponen alrededor del 2,5% del presupuesto de las obras La Administración contrata estos servicios durante el periodo de ejecución más dos meses La ralentización de proyectos deja sin plazo fijo los trabajos de control de las ingenierías

Obras de la plataforma de un tramo del AVE a Alicante, puesto en explotación el pasado junio.

El aplazamiento de obras públicas en marcha, para adaptar los trabajos a un presupuesto cada vez más escueto, está poniendo en serias dificultades a constructoras y suministradores de materiales, y ha estallado directamente contra las ingenierías que prestan la asistencia de control de obra (ACO).

Este servicio de supervisión suele ser contratado por la Administración por el mismo plazo de ejecución del proyecto, más un par de meses para facilitar la recepción de la infraestructura. Por regla general, esta auditoría a la que se somete la construcción se lleva alrededor del 2,5% del presupuesto total de la infraestructura. El problema surge cuando ya no hay fecha fija para el fin de obra.

Si varios trimestres atrás fueron las constructoras quienes recibieron notificación sobre la necesidad de ralentizar los proyectos, ante los recortes presupuestarios que viene padeciendo Fomento, ahora son las ingenierías quienes afrontan una prolongación sine die de sus contratos de supervisión, pero a precio cerrado e incluyendo posibles imprevistos.

Desde distintas empresas del sector se explica la dificultad de reducir los equipos de control de obra para adaptarlos al nuevo escenario en que estas se desarrollan, y se pone de manifiesto el riesgo de que se rompa el equilibrio de los contratos.

Las alarmas se han encendido con distintos requerimientos del Adif para modificar condiciones de contratos de ACOque están a punto de finalizar, ya sea porque concluye el plazo fijado o porque se agota el dinero acordado, sin que las propias obras hayan culminado. Desde el gestor de las infraestructuras ferroviarias se trata de impedir que las obras a medio ejecutar se queden sin supervisión. Para ello, las ingenierías contratadas para esa tarea deben permanecer al frente hasta la entrega del informe as built (conformidad al fin de obra, incluyendo las modificaciones realizadas por el constructor).

La propuesta del Adif avanza que la plantilla dispuesta por las ingenierías para cumplir el contrato inicial debe ser fraccionable y que esas empresas cobrarán en función de los medios que permanezcan a pie de obra y del tiempo que reste para completarla. Por tanto, la modificación de los contratos queda supeditada a unos plazos que el propio ministerio de Fomento, a través de Adif, es incapaz de determinar por la actual situación económica.

La preocupación ha cundido en el sector. Además del propio efecto de esta decisión del gestor ferroviario, surge el temor de que esta práctica que propone Adif se extienda al resto de contratos de Fomento. En todo caso, es una nueva vuelta de tuerca a la obra pública, cuyas empresas ya conocieron meses atrás que se comenzaría a valorar en los concursos, también de Adif, la renuncia a la revisión de precios o actualización de los costes de ejecución por la evolución de la economía, encarecimiento de la energía o de las materias primas.