El endiablado sudoku eléctrico

El Consejo de Ministros dio el viernes el primer paso en firme de la reforma eléctrica. Aprobó un primer real decreto-ley de estabilidad financiera del sistema y sancionó el anteproyecto que va a sustituir a la Ley Eléctrica de 1998, que serán acompañados por otros ochos reales decretos y dos órdenes ministeriales. Este despliegue legal muestra la intención del Gobierno de –en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría– “hacer una reforma definitiva”. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo se centran, prioritariamente, en tratar de acabar con el déficit de tarifa –diferencia entre el coste real de la electricidad y lo que se paga por ella, que suma una deuda acumulada desde 2005 de 26.062 millones–, y en dotar de un marco estable al sector.

 De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio de Industria, el desfase previsto en los ejercicios de 2012 y 2013 ascendería a 10.500 millones, 6.000 millones de los cuales ya fueron asumidos con las medidas adoptadas meses atrás, básicamente con un aumento de la presión fiscal a las empresas. El problema, pues, se centraba en cómo asumir el impacto de los 4.500 millones restantes, lo cual ha generado un intenso debate entre todas las partes implicadas. El Gobierno ha lidiado con un doble frente:las discusiones con los sectores implicados, y las tensiones internas, con un enfrentamiento nada disimulado entre los equipos de Hacienda y de Industria. Además, las empresas afectadas no han presentado un frente común, dado que cada una es un caso específico, con intereses radicalmente enfrentados. En definitiva, la reforma de sistema eléctrico se ha convertido en una especie de puzle endiablado, de sudoku maldito, en el que no se puede tocar una pieza sin hacer un daño enorme –tal vez irreparable en algunos casos– a la pieza de al lado. Y las piezas de este puzle no son cualquier cosa: la cuentas del Estado, las cuentas de las compañías eléctricas en el más amplio sentido de la acepción, la calidad del suministro eléctrico, el empleo, el bolsillo de los consumidores y hasta las cuentas de las entidades financieras o el crédito de España frente a Bruselas y frente a los mercados financieros internacionales.

Diseñado el escenario y sopesados los límites, el Ejecutivo ha optado por repartir el coste del ajuste de la siguiente manera:2.700 millones para las empresas –repartidas al 50% entre las empresas más tradicionales y las renovables en su conjunto–, 900 millones con cargo a los Presupuestos y otros 900 millones que correrán a cargo de los consumidores. Y estos ajustes van a entrar en vigor rápidamente. De hecho, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros ya consagra los recortes a las empresas. En el caso de las redes de transporte y la distribución, se fija una retribución homogénea del 6,5%, que resulta de sumar el tipo de la deuda del Estado a diez años –contando una media aproximadamente de los últimos tres meses–, más 200 puntos básicos. En el caso de las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos, la rentabilidad comprometida es del 7,5% (el tipo de la deuda a diez años más 300 puntos básicos), lo que se acompaña de la desaparición del sistema de primas.

La impresión general entre los expertos es que esta reforma carga las tintas contra las empresas. Los mercados la recibieron endosando un duro castigo a todas las afectadas y provocando que el Ibex fuera el peor índice europeo este viernes. Otra incógnita que se ha instalado es si el Gobierno ha medido adecuadamente el alcance de los efectos inducidos de las medidas. Unesa, la patronal del las grandes eléctricas, ya ha advertido que tendrá serias repercusiones tanto en las futuras inversiones –la calidad del suministro–, como en el empleo; en tanto que las distintas asociaciones de renovables sostienen que muchas instalaciones desaparecerán. Pero aún hay al menos otros dos aspectos sobre los que el Ejecutivo debe tener cuidado. Por un lado, el sistema financiero tiene unos 20.000 millones colocados en renovables, que están abocados a una inevitable renegociación. Por otro, la reforma va a ir acompañada de una notable litigiosidad, lo cual no es bueno nunca. Los Gobiernos están para gobernar. Y este debe hacerlo con sentido, asumiendo riesgos calculados y aprovechando las críticas.