El juez aguarda un informe de la Udef para citar a Sousa
Tras la entrega esta semana del informe forensic realizado por KPMG sobre las cuentas de Pescanova, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz aguarda la entrega por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (Udef) de un informe sobre el caso del grupo pesquero. El trabajo policial determinará, previsiblemente, que de las “irregularidades” que hasta ahora ha apuntado el informe de KPMG en la gestión de Pescanova pueda hablarse de en el caso de que así fuera, de “fraude”.
De acuerdo a fuentes jurídicas presentes en las querellas contra ejecutivos de Pescanova, el juez Ruz aguarda la entrega del informe policial realizado sobre la multinacional gallega. Las mismas fuentes explican que el magistrado cuenta ya con parte de dicho informe y que cuando lo tenga por completo llamará a declarar a los imputados, entre ellos el presidente de la empresa, Manuel Fernández Sousa.
Fernández Sousa, junto con otros consejeros del grupo, estaban llamados a declarar los pasados días 1 y 2 de julio, pero la presentación de una nueva querella, admitida a trámite, por parte de Luxempart contra otros ejecutivos de la compañía llevó al juez a suspender las fechas de las declaraciones previstas. Las fuentes consultadas consideran que la declaración ante el juez de Fernández Sousa y el resto de imputados podría retrasarse hasta septiembre.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite cuatro querellas presentadas por accionistas de Pescanova contra la compañía, algunos de sus directivos y accionistas por presuntos delitos como falseamiento de cuentas o empleo de información privilegiada.
La investigación de la Udef estaría encaminada a localizar cambios significativos en el patrimonio de Fernández Sousa, su entorno familiar y de posibles testaferros relacionados con la operativa descrita por el informe de KPMG dirigida a ocultar deuda y pérdidas en las cuentas de Pescanova. Tanto las fuentes jurídicas consultadas como otras cercanas al presidente de la multinacional gallega coinciden en concluir que el rumbo judicial del caso Pescanova daría un vuelco de confirmarse un presunto delito de alzamiento de bienes.
Fernández Sousa ha admitido “errores” y malas prácticas contables en la gestión de Pescanova, y también, antes de que se conociera el informe de KPMG, que la deuda del grupo era de más de 3.000 millones de euros (cuando la última comunicación oficial respecto a la deuda de Pescanova apuntaba 1.522 millones). El hijo del fundador del grupo ha tratado de justificar estas acciones diciendo que estas decisiones se tomaron pensando en el bien de la compañía y que se adoptaron para “mantenerla viva”.
Ajustes contables para no registrar pérdidas millonarias
El presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, instruía y consentía la ejecución de las operaciones e irregularidades contables y financieras aparentemente llevadas a cabo para obtener financiación y liquidez a corto, según el informe forense de KPMG al que ha tenido acceso Efe. Según este informe, Manuel Fernández Sousa se ha apoyado para realizar estas operaciones en algunos miembros de su cúpula directiva, quienes han ejecutado o conocido en mayor o menor medida estas prácticas contables y empresariales.
La dirección de Pescanova, con su presidente Manuel Fernández de Sousa al frente, realizó ajustes contables para no registrar pérdidas superiores a los 1.016,85 millones de euros, entre los años 2010 y 2012, y otros 436,79 millones de pérdidas no registradas anteriores a 2010.