La suspensión del decreto andaluz deja sin efecto 12 expropiaciones

La consejera de Fomento y Vivienda del Gobierno de Andalucía, Elena Cortés, ante el eurodiputado del IU, Willy Meyer (i), y el viceconsejero del Gobierno andaluz, José Antonio García Cebrián,hoy en Bruselas.Alfredo López Calbacho (EFE)

El pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la sección tercera, ha admitió hoy a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra el decreto antidesahucios que la Junta de Andalucía aprobó el pasado 9 de abril.

La aceptación supone la suspensión cautelar de la norma durante un plazo aproximado de cinco mese en que el Alto Tribunal deberá valorar la legitimidad de la norma. La anulación, sin embargo, solo tiene retroactividad desde el miércoles 9 de julio, que fue cuando quedó interpuesto el recurso.

Fuentes del Constitucional aclaran que “los casos que se han puesto en marcha antes de la suspensión deberán seguir adelante, dado que son cuestiones que no se pueden modificar porque la suspensión es cautelar”.

“Los casos en marcha, en los que haya familias que hayan obtenido beneficios, van a seguir teniéndolos”, prosiguen desde el Tribunal, aclarando que “otro asunto será si el día de mañana se declara la incostitucionalidad. Entonces habrá que ver cómo resuelve la Junta porque las medidas quedarían anuladas”, exponen.

Otra cosa es aquellos expedientes ya abiertos pero que no hayan quedado formalizados hasta la fecha o aquellos que se fueran a producir en los próximos días, que no se llevarán a cabo porque la medida del Constitucional “en la práctica supone que a día de hoy esa ley no existe”, explican fuentes jurídicas.

El problema, explican desde la Junta de Andalucía, es que los 12 expedientes de expropiación temporal de viviendas a la banca abiertos no habían quedado formalizados aun antes del 9 de julio, con lo que la suspensión del decreto las deja sin efecto.

Desde el Gobierno andaluz esperan que los jueces al cargo de los correspondientes lanzamientos hipotecarios no los autoricen hasta conocer la decisión del Tribunal Constitucional, ya que podría pronunciarse a favor de la norma cuando estas familias hayan sido ya expulsadas de las viviendas.