Deloitte dice al consejo de Pescanova que puede salir este año del concurso
Asegura que es posible lograr convenio de acreedores antes de fin de año Cifra la suma del ebitda en los tres últimos ejercicios en 431,5 millones
La administración concursal de Pescanova, formada por dos profesionales de la consultora Deloitte, reunió el jueves en Madrid, en Torre Picasso, a parte del consejo de administración de la multinacional gallega para ampliar información sobre el trabajo forensic de KPMG entregado el jueves, en el que se apuntan prácticas contables irregulares de los ejecutivos del grupo para ocultar deuda, y sobre las perspectivas de la situación concursal del grupo.
De acuerdo a fuentes cercanas al consejo de Pescanova, Deloitte insistió en que va a tratar de aquí a fin de año lograr un convenio de pago con los acreedores que evite la liquidación de la compañía; de ser así la compañía lograría salir del concurso de forma efectiva este año. El informe de KPMG desvela que la deuda real de Pescanova es de 3.281 millones; la última cifra oficial aportada por la empresa era la de 1.522 millones de deuda informada a finales de 2012 con motivo de la presentación de sus resultados hasta septiembre del pasado año.
Damm: "No se entiende que Sousa no haya dimitido. Está ya amortizado"
El accionista de Pescanova. el grupo cervecero Damm, controlado por Demetrio Carceller, ha asegurado que el informe forense de KPMG sobre Pescanova “es contundente” y que el presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa “está ya amortizado, y que lo que sorprende es que Sousa no haya presentado aún su dimisión”.
Las mismas fuentes han detallado que dan su apoyo pleno a la administración concursal, la auditora Deloitte, en su gestión y para que pueda realizar su trabajo y continúe con los proyectos. Según el informe de KPMG, la dirección de Pescanova planificó, diseñó y ejecutó operaciones contables para presentar una deuda financiera ficticia, y para lograr financiación formalizó créditos documentarios sin transacciones reales con mercancía.
Al tiempo, utilizó una estructura societaria instrumental para generar financiación bancaria y resultados ficticios.
Fuentes de Damm han confirmado que -junto a Luxempart e Iberfomento, que suman el 15 % del capital- ha solicitado ante notario que se convoque una junta de accionistas y confía en que el juez acepte esta petición lo antes posible. Han asegurado que esperan Pescanova sea viable previo acuerdo con los bancos y desde un nuevo órgano de gobierno/consejo validado por todos los accionistas en una junta.
Las mismas fuentes aseguran que Deloitte expresó “confianza” en el negocio del grupo y que las ventas “se están manteniendo”. La consultora explicó que contratará una firma externa para que realice un plan de viabilidad sobre la actividad del grupo que pueda convencer a los acreedores para apoyar un futuro convenio.
El “optimismo” de Deloitte sobre el futuro del grupo, según las fuentes consultadas, se sustenta en las cifras de Ebitda aportadas por la consultora: 431,57 millones de euros suma el ebitda de Pescanova en los últimos tres ejercicios (87,4 millones en 2012; 188,07 millones en 2011; 156,1 millones en 2010).
Al término de la reunión celebrada en Madrid, el presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, declaró que todas las decisiones tomadas en la empresa, “equivocadas o no”, se adoptaron para “mantenerla viva”, y añadió que tiene la conciencia tranquila, dado que fue él quien propuso al consejo de administración encargar el informe elaborado por KPMG, según manifestaciones recogidas por Efe y Ep.
Próxima junta de accionistas
Damm, Luxempart e Iberfomento, accionistas que suman el 15% del capital social de Pescanova, y que se han enfrentado a la gestión de Fernández Sousa, formalizaron ayer ante notario, según fuentes cercanas a los representantes de estos grupos en el consejo de Pescanova, solicitud de convocatoria de una junta de accionistas de la compañía.
Grupo Damm, controlado por la familia Carceller, ha informado de unas pérdidas en Pescanova de 21 millones de euros. Luxempart, que ha presentado querella, admitida a trámite, contra varios ejecutivos de la compañía, asegura haber perdido en la empresa gallega 52 millones de euros.
Las fuentes consultadas explicaron que ahora esperan que el juez del concurso de Pescanova, del juzgado mercantil de Pontevedra, convoque cuanto antes la junta de accionistas, y que ahí se apruebe la salida de Fernández Sousa como presidente.
Fuentes cercanas a Damm comentaron ayer a este diario que la compañía de Carceller, segundo mayor accionista de Pescanova con el 6,2%, ofrece su “apoyo total” a la administración concursal, que cree “en la viabilidad del grupo”, pero siempre que se formalice un nuevo consejo de gobierno.
En todo caso, según varias fuentes cercanas a la compañía, lo más probable es que la próxima junta de accionistas de Pescanova, ya sea convocada por el juez del concurso o por el presidente, no se celebre antes del mes de septiembre.
Los consejeros de Pescanova volverán a reunirse el próximo día 31 de este mes, en un consejo de administración convocado por Manuel Fernández Sousa.
La CNMV valora nuevas actuaciones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores informó el jueves que una vez recibido el informe de investigación realizado por KPMG sobre las cuentas de Pescanova “ha iniciado las actuaciones oportunas para determinar el alcance de los incumplimientos por parte de la citada empresa de los artículos 26, 27 y 35 de la Ley del Mercado de Valores relativos al contenido de los folletos de admisión y emisión, y a la remisión de información periódica y Cuentas Anuales de las sociedades cotizadas”.
El punto dos del artículo 35 de dicha ley señala que de acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente, “el emisor y sus administradores, serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores como consecuencia de que la información no proporcione una imagen fiel del emisor”. Y añade que la acción para exigir la responsabilidad “prescribirá a los tres años desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de que la información no proporciona una imagen fiel del emisor”. Según el informe de KPMG la cúpula de Pescanova empleó prácticas irregulares para ocultar deuda e inflar el resultado de la compañía.
De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores la CNMV podría retirar de sus cargos a los principales administradores de la compañía y aplicar sanciones económicas. Aunque el juez del concurso de Pescanova suspendió las facultades de administración del consejo del grupo, Manuel Fernández Sousa se mantiene como presidente de la multinacional gallega, a pesar también de la oposición de varios de los principales accionistas del grupo, Damm y Luxempart.
La Xunta no retira su apoyo al presidente del grupo
La Xunta de Galicia asiste a la crisis de Pescanova sin que todavía ninguno de sus representantes haya criticado abiertamente la gestión de Manuel Fernández Sousa al frente de la multinacional gallega.
El conselleiro de Economía e Industria del Gobierno gallego, Francisco Conde, insistió el jueves en que la Xunta “seguirá trabajando” para “garantizar los puestos de trabajo y la viabilidad” de Pescanova. El conselleiro precisó que “la posición de la Xunta no ha cambiado”, a pesar de haberse conocido en las últimas horas el informe de KPMG que refleja que la cúpula de la multinacional “ideó y ejecutó” prácticas contables para ocultar su deuda, informó Ep.
Conde evitó pronunciarse sobre si Manuel Fernández de Sousa debe o no mantenerse como presidente de la compañía, y se limitó a subrayar que la administración autonómica “sigue trabajando en el futuro de Pescanova, con responsabilidad y en colaboración con los administradores concursales y las entidades financieras”.
El PP de Galicia rechazó el mes pasado una moción del BNG que solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre el caso Pescanova y las ayudas recibidas por parte de la Xunta. Recientemente el Gobierno gallego ha participado en la cesión de un crédito a Pescanova solicitado por la administración concursal del grupo, la consultora Deloitte, designada por la CNMV, en el que también han participado bancos acreedores.
La mayor ayuda pública recibida por Pescanova fue la que aportó a mediados de los años noventa la Xunta controlada por Manuel Fraga, que entregó a la compañía más de 40 millones de euros para hacer frente a un intento de compra de la empresa gallega por parte de Unilever.
